Por Victoriano Martínez
¿En qué momento el gobernador Juan Manuel Carreras López comenzó a patear el bote durante su administración? Se podrían plantear muchas posibilidades, pero por sobre todas ellas aparece su característico argumento para justificarse: la aplicación del timing carrerista para el que, en muchos temas, a 17 días de terminar el sexenio, el dichoso momento aún no llega… ni llegará.
La bandera inaugural que enarboló al iniciar su sexenio sobre la lucha frontal contra la corrupción y su incumplimiento es, hasta el final de su mandato, la actitud emblemática de la conversión del timing carrerista en una postergación prolongada de atención a los problemas que no fue otra cosa que una evasión de responsabilidades para no tener conflictos. Llevársela suave, pues.
Si su timing lo hizo llevar su primer y gran compromiso a lograr transitar los seis años sin que el Sistema Estatal Anticorrupción logre aún funcionar, resulta difícil encontrar alguno de los temas sensibles (anote aquí el que considere que más le afecta) para la población en los que se haya aplicado para dar una respuesta satisfactoria.
Carreras López ha llegado al extremo de no cumplir ni las disposiciones que él mismo emite y se publican en el Periódico Oficial del Estado como decreto.
El 17 de agosto del año pasado, Carreras López firmó el decreto administrativo para crear la Procuraduría Urbana del Estado, y ese mismo día se publicó en el Periódico Oficial cual si tuviera urgencia por dotar al estado de una instancia para “orientar, asesorar y defender a las personas que se vean afectadas en los asuntos relacionados con los procesos de urbanización”.
En ese decreto estableció un plazo de 30 días para nombrar al responsable de esa nueva procuraduría. Cuando estampó la firma en el decreto, su timing le marcó el 16 de septiembre como la fecha propicia para la designación.
Todo indica que 30 días fueron muchos como para recalcular el timing.
Eran las fechas en las que estaba por llevarse al Cabildo los dictámenes de los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano y Centro de Población (PMDUCP) que habían generado controversia durante los meses anteriores y seguro harían nacer a la Procuraduría Urbana con muchos asuntos que atender.
El 18 de septiembre de ese año, ante la falta de transparencia en el proceso de elaboración de los programas de desarrollo urbano al no hacerlos públicos la autoridad municipal, se conoció una versión parcial por una filtración sobre algunos de los efectos: se propuso expandir la ciudad sobre áreas naturales de alto valor ecológico.
Un PMOTDU y un PMDUCP ante el que muchos habitantes de la ciudad, especialmente quienes viven en las colonias del sur, se veían afectados por ese asunto relacionado con el proceso de urbanización, porque estiman que las inundaciones que padecen a partir de la urbanización actual de parte de la Sierra de San Miguelito aumentarían su gravedad.
Los programas municipales de desarrollo urbano entraron, a partir de la fecha en que tendría que haber sido nombrado el procurador urbano, en una controversia en la que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales frenó su aprobación hasta tener mesas de trabajo con el Cabildo para presuntos ajustes a lo que será el Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito.
Ante ese panorama, es muy entendible que un gobernador evasivo de los problemas no quisiera verse envuelto en la controversia y con necesidad de fijar postura recalculara su timing e incumpliera el plazo que él mismo se fijó, aunque significara una violación a su propio decreto.
La organización Cambio de Ruta, encabezada por Luis González Lozano, promovió desde el mes de enero un amparo contra esa omisión de Carreras López. El 23 de agosto pasado, un año seis días después de la creación formal de la Procuraduría Urbana, el Juzgado Tercero de Distrito le concedió el amparo y ordenó que se hiciera el nombramiento.
Un nuevo re cálculo de su timing llevó a Carreras López a considerar innecesario el nombramiento prácticamente al cierre de su mandato y, lejos de cumplir la orden que le dieron para que a su vez cumpliera la orden que se había autoimpuesto hace un año, optó por presentar un recurso de revisión para mantenerse hasta el final desobediente a sí mismo.
Total, si durante 6 años ha logrado jugar al timing carrerista que en realidad fue llevársela pateando el bote, desde su perspectiva, mal haría en no darle unas cuantas pataditas más al bote para llevarlo más allá del sexenio… ¿Le alcanzará para cruzar todo el séptimo año sin sobresaltos?
