Martín Faz Mora
Dos recientes informes devastadores en materia de abusos sexuales cometidos por el clero católico, ahora en Alemania y Pensilvania E.U., confirman por enésima ocasión no sólo la sistemática práctica y existencia de los abusos sino, particularmente, la política institucional de encubrimiento y protección a los depredadores por parte de la iglesia católica. Un mes de distancia les separa de su difusión pública.
El informe alemán es una investigación interna encargada por la propia Conferencia Episcopal alemana que se filtró a la prensa. Autoría de investigadores de tres prestigiosas universidades quienes examinaron miles de expedientes provenientes de 27 diócesis alemanas. Concluyen que, al menos, tres mil 677 niños, en su mayoría varones menores de 13 años, fueron abusados por parte de mil 670 clérigos. Los testimonios de las víctimas son desgarradores. Los abusadores fueron sistemáticamente protegidos por la jerarquía católica, sólo un tercio enfrentó procesos internos con sanciones mínimas o inexistentes, pues por lo general eran trasladados a otras diócesis donde siguieron cometiendo abusos.
El mismo patrón ocurrió en Pensilvania. El informe ahí fue realizado por las propias autoridades y la Corte Suprema de Pensilvania determinó su publicación luego de que diversos medios y organizaciones demandaran su publicidad. En él las autoridades delinean también el patrón de comportamiento institucional de la jerarquía católica para preservar ante todo la imagen institucional por sobre el daño las víctimas, minimizar lo ocurrido, desalentar a las víctimas de denunciar los crímenes, proteger a toda costa a los clérigos abusadores y jamás informar a las autoridades de los crímenes cometidos por sus sacerdotes.
Cuando en abril del 2014, aquí en San Luis Potosí, se dieron a conocer los abusos realizados por el representante legal de la Arquidiócesis durante 22 años, Eduardo Córdova Bautista, se supo del mismo patrón de conducta institucional.
De hecho la denuncia pública, y luego penal, de las depredadoras conductas de Córdova Bautista por parte de sus víctimas resultó como reacción de éstas ante la intencionada estrategia de empantanamiento de las denuncias interpuestas ante la Arquidiócesis local con la finalidad de desgastar y desalentar a las víctimas, incluso obligándolas a firmar una declaración jurada ante Dios, titulada Carta Testimonial Juramentada, presentada en “estricta reserva” para mantener en secreto los delitos sexuales de Córdova, como consta en un documento interno de la Arquidiócesis identificado con la clave VVC-26/1.
A pesar de conocer a cabalidad de tales conductas y crímenes, por denuncias presentadas hacía décadas, la Arquidiócesis aún entonces le defendió negando que existieran denuncias en su contra y buscando desacreditar a quienes las hacían. Se supo, entonces, que además de pretender callar, amedrentar e ignorar a las víctimas, habían tolerado las conductas sin sancionarlas sólo removiéndole a otros encargos eclesiásticos donde siguió abusando sexualmente de menores. En medio del escándalo la Arquidiócesis debió reconocer que ya desde quince años antes, en 1999, existían denuncias contra Córdova y que éstas se extendían hasta el 2012.
Que lejana la conducta y actitud de la actual fiscalía potosina a la de las autoridades investigadoras de Pensilvania que obligaron a las Diócesis de la zona a entregarles sus archivos internos. Aquí en San Luis Potosí ni siquiera han citado a declarar al ex Arzobispo Luis Morales Reyes cuya firma aparece en una comunicación a la madre de uno de los menores, en el que reconoce las denuncias contra Córdova, el conocimiento de sus conductas y las afectaciones causadas (consultar documento al final del artículo). Otro anterior titular, Arturo Szymanski, responsable directo del encumbramiento de Córdova en las más altas esferas eclesiales, murió recientemente sin habérsele tomado declaración alguna.
Por supuesto que la Arquidiócesis potosina tampoco ha tomado la iniciativa de entregar a las autoridades civiles sus archivos internos. Cuando en junio del 2014 acorralada por los testimonios y las denuncias se vio obligada a reconocer los hechos y solicitar disculpas a las víctimas, a la vez que permitió a Córdova evadir la inminente acción de la justicia, creó una inoperante Comisión de Justicia y Atención a las víctimas, que resultó un mero ardid publicitario, pues tal Comisión nunca estableció contacto con víctima alguna del padre Eduardo Córdova hasta la fecha.
La denuncia penal por encubrimiento ha sido congelada desde entonces por la Procuraduría de Justicia del Estado, ahora Fiscalía, y nadie de la Arquidiócesis local ha sido llamado a cuentas hasta el momento.
Los intentos de los representantes legales y las víctimas por conocer los avances de la investigación o las acciones para dar con el paradero de Córdova Bautista para su detención, han sido denegados por la Fiscalía.
Documento: Respuesta del arzobispo 15 meses después
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