Adriana Ochoa
En el muro de piedra de la Facultad de Estomatología de la UASLP, junto a otras cartulinas, entre coloridas y blancas, una en rosa fosfo, llamativa como un grito: “Gobernador deje de robarle a la UASLP”.
Los estudiantes cerraron una avenida y bloquearon la facultad para exigir, entre otras cosas, que no se aumentaran los precios de los tratamientos al público y volvieran los descuentos a personas de la tercera edad con credencial del Inapam.
La carrera de profesionista dental y sus especialidades son de las más caras para la Universidad. Los estudiantes deben realizar prácticas y la vía es la clínica de servicios a bajo costo, tanto generales como de especialidad, que opera la Facultad de Estomatología. De esos servicios sale el recurso para los materiales y un margen mínimo para mantenimiento de la clínica y equipos, también costosos.
Aún con el ajuste por inflación a los servicios, es del dominio público en la ciudad que la clínica universitaria ha sido desde hace décadas y es ahora el lugar más económico dónde realizarse estudios, tratamientos, implantes y cirugías maxilofaciales que no hacen ni el IMSS ni el ISSSTE.
Los jóvenes y la dirección llegaron a un acuerdo y a un compromiso de un uso más adecuado de los materiales para poder mantener los costos. En cambio, no hubo respuesta para la pancarta de reclamo al gobernador por el incumplimiento en las entregas de recursos que su administración adeuda a la UASLP desde hace años. La Universidad no puede ni le toca responder a eso. Para los jóvenes no hay pretextos que valgan: lo ven como un robo. Y la cuenta sigue corriendo.
El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, abordó el tema ante el Consejo Directivo Universitario, al final de su sesión mensual. La UASLP es de las universidades estatales que menos recurso convenia con el gobierno local, que además no cumple con la entrega del recurso.
Otros estados, como Veracruz, aportan la mitad del recurso público a sus universidades autónomas. Así debería ser desde 2016 en todas, por acuerdo con la Federación, pero muchos gobiernos, entre ellos el potosino, comprometen mucho menos. Y además ni lo cumplen. El convenio anual de la UASLP con el gobierno estatal es del 16%, del cual ha entregado el 9%.
Este año, la deuda va por encima de los 170 millones de pesos. Y si no entrega nada de lo comprometido, serán 299 millones de pesos que la UASLP no tendrá para cerrar el año. Hay aún más, la Federación le entregó al gobierno de Gallardo 10 millones de pesos para que entregara equipamiento de la UASLP y no ha entregado un peso; si no lo hace antes de noviembre, el dinero se perderá porque no le alcanzaría a la UASLP a hacer los concursos de ley necesarios para comprar equipo.
La UASLP y otras universidades que padecen el racaneo vulgar de sus recursos por parte de gobernadores (unas 14) han propuesto que la Federación deseche la intermediación de los gobiernos estatales. Siendo realistas, el recurso que los gobiernos estatales comprometen cada año con las universidades es federal: sólo se pasa de una bolsa a otra.
Hay algo además que agrava la idea de vulgar robo a la educación superior: el recurso que los gobiernos estatales reciben para dar a las universidades está etiquetado y no se puede gastar en otra cosa. Por ejemplo, si el gobierno potosino usara el dinero de la UASLP para pagarle al reguetonero don Omar o a Marilyn Manson sus conciertos gratuitos en El Foro de la Feria, lo tendría que regresar a la Federación porque no está justificado. O lo regresa o lo sancionan.
En resumen: si el gobierno estatal ya recibió el dinero federal que debe darle a la UASLP y no lo hace, es pura y vulgar miseria humana de quien gobierna. Nada más. No hay otra explicación porque se trata de un recurso que si no se gasta en lo acordado con la Federación, tiene que regresarlo. Es decir, prefiere literalmente joder a los universitarios, negarles recursos para equipo, materiales, servicios y mantenimiento, antes que cumplir.
Hay todavía otros rasgos de esta postura: el berrinche del nada autónomo Instituto de Fiscalización del Estado (el IFSE) porque la UASLP se resiste a que le auditen sus recursos propios. El titular sale a medios a acusar a la Universidad de resistirse a los mecanismos legales de transparencia y vigilancia, una mentira tartajosa por mal articulada y retorcida. Su pretensión es una intentona de violar la autonomía que tiene la institución sobre sus recursos propios, es decir, los que ella misma genera y administra.
La insistencia del IFSE, y la halitosis mediática del gobierno con este tema, es más una forma de presionar, chantajear, doblar, asustar y convertir en otro de sus dominios políticos a la UASLP. No hay gobierno que tenga derecho a auditar recursos que no otorgó ni son suyos. Así de simple. No hay alegato leguleyo, campañita fétida ni amenaza matona que tenga la razón. Pueden continuar en su postura de aquí a que se vayan en dos años, pero los puestos a Dios gracias no son eternos, tampoco la paciencia de los jóvenes.
En lo que va del actual sexenio, el adeudo total es de casi 600 millones de pesos. El rector advirtió que si este año el gobierno estatal no cumple, se verán comprometidos pagos de quincenas, aguinaldos y fondo de pensiones, lo que generaría un escenario de inestabilidad en la institución y en el propio estado. En la sesión estaban, en primera fila, los dirigentes sindicales académico y administrativo.
El rector dijo que en efecto acudió a Segob, no a pedir dinero, sino a hablar del daño potencial a la gobernabilidad que puede generar una universidad financieramente colapsada y protestas de maestros a los que no se les paga, personal administrativo y de servicios que no pueden cobrar sus sueldos y alumnos que no tienen equipos, materiales e instalaciones adecuadas.
La directora de la Facultad de Ciencias Químicas, Alma Gabriela Palestino, se levantó en la sesión para preguntar si los universitarios podrían hacer algo más. El rector contestó que el tema es un problema de voluntad, que no es papel de la universidad llamar a movilizaciones. En rueda de prensa al término de la sesión, reporteros le preguntaron al rector si era factible que universitarios salieran a bloquear calles: “Factible sí, pero no deseable”, contestó.
El material inflamable se acumula y lo pone el propio gobierno. El gobernador Gallardo prometió personalmente a los estudiantes de Ciencias un estacionamiento, un gimnasio y ayuda para transporte. La maquinaria entró a la facultad, rascó las piedras y se retiró del lugar después de semanas de inactividad. No hay mentira oficial ni versión retorcida que valga. No hay voluntad.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
