Síndico propietario fue restituido pero sin oficina ni pago de dieta
Eduardo Delgado
El síndico propietario Pedro Javier González Ramírez fue reintegrado en su cargo, pero no le entregaron la oficina que ocupaba antes de ser destituido en marzo pasado ni le han pagado su dieta como miembro del Cabildo de Ébano, presidido por el alcalde panista Crispín Ordaz Trujillo.
En este sentido, Pedro Javier impugnó el acuerdo aprobado el pasado 28 de octubre en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), por el que ese órgano dio por cumplida su sentencia dictada el 5 de junio del año en curso, luego de que el presidente municipal notificó la restitución.
“El suscrito, no puedo ejercer el cargo si no tengo las herramientas necesarias, como es la oficina en la que debo desarrollar mis actividades inherentes al cargo, además una de las prerrogativas del cargo, como son la dieta económica, a que tenemos derechos (sic) los integrantes del cabildo, la cual me fue suspendida desde que fui ilegalmente separado del cargo el día 31 de marzo del presente año 2020”, asentó en su escrito.
En consecuencia, “hasta en tanto no se cumplan estas cuestiones, bajo ninguna circunstancia se puede decretar cumplida la sentencia”, añadió en su impugnación, la cual deberá ser enviada a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia donde se resolverá si le asiste o no la razón.
El pasado 31 de marzo, el alcalde y un grupo de regidores convocaron y le tomaron protesta a José Compeán Ramírez en sustitución de Pedro Javier, con el argumento de que este acumuló faltas injustificadas.
El 5 de junio, el TEE revocó esa determinación y les ordenó al alcalde y regidores la restitución de Pedro Javier, por ser el Congreso del Estado el único facultado para suspender o revocar el mandato de los miembros del Cabildo.
El pasado 30 de septiembre, el edil panista, las regidoras Juana Virginia del Ángel Cervantes, Gabriela Portales Ávila, y el regidor Daniel Alejandro Gámez Medina, notificaron a los magistrados el cumplimiento de sentencia, con la reintegración de Pedro Javier a su cargo el día 11 de ese mes.
Derivado de ello, el 28 de octubre las magistradas Yolanda Pedroza Reyes y Dennise Adriana Porras Guerrero, y el magistrado Rigoberto Garza de Lira, dieron por acatada su resolución.
En su impugnación, Pedro Javier expuso que desde el 5 de junio, el alcalde y el Cabildo no han cumplido “completa y cabalmente” la resolución.
Los magistrados, señaló, deben advertir que el acta de la sesión del Cabildo celebrada el 11 de septiembre, “con el cual pretenden demostrar el cumplimiento de la sentencia, no reúne los requisitos necesarios” para que el Tribunal diera por cumplida su fallo.
Porque además, apuntó, en el orden del día no se incluyó el acuerdo o determinación del alcalde y del cabildo “en el cual dejaban sin efectos, la resolución ilegal de haberme privado del mi cargo”, y por el contrario celebraron la sesión “sin externar ningún pronunciamiento al respecto”.
Las magistradas y el magistrado locales, sostuvo, deben garantizar y vigilar que sus determinaciones sean cumplidas a cabalidad, lo que en el caso “no sucedió”, pues se cumplió parcialmente, puesto que “no se me entregó la posesión de mi oficina, así como mi dieta económica”.
“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que al día de hoy no se me ha incorporado de manera total al cabildo, puesto que no se me ha hecho entrega de la oficina en la que desempeñe mis actividades antes de la ilegal sustitución el 31 de marzo”, asentó en su escrito recibido este lunes en las oficinas del tribunal local.
