Persiste opacidad en la SEGE sobre recursos para bachillerato comunitario

Estela Ambriz Delgado

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) emitió una respuesta similar a la rechazada por el Juzgado Sexto de Distrito, pese a que se le requirió que esta fuera puntual y congruente a la solicitud de recursos para el Bachillerato Comunitario “Josefa Ortiz de Domínguez”, o de lo contrario su titular enfrentará un proceso de inejecución que puede derivar en su separación del cargo.

El pasado 25 de julio de 2023, la jefa del Departamento de Educación Media Superior de la SEGE, Abigaíl Eugenia Villagrán Rodríguez, emitió una nueva respuesta que se contradice en el mismo texto sobre la solicitud de recursos para la asociación civil que administra el Centro de Bachillerato Comunitario (CEBAC) “Josefa Ortiz de Domínguez” en ejido La Palma, Rayón.

En el oficio DEMS/789/2022-2023 insisten en responder que no es posible atender de manera positiva la solicitud, ya que los CEBAC se encuentran sin una partida específica para la ministración de recursos dentro de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021.

Además, informa que anteriormente los apoyos se otorgaban conforme a la gestión de la SEGE ante la Secretaría de Finanzas y la disponibilidad presupuestaria, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

El texto además justifica que no se contaba con una partida específica y reconoce que la dependencia gestionaba los recursos ante Finanzas, lo que es similar a respuesta anterior de SEGE mediante el oficio DEM/452/2022-2023, que fue rechazada por el del Juzgado Sexto de Distrito y generó la determinación publicada el 28 de junio respecto al amparo 63/2022.

La Secretaría debía explicar el destino del presupuesto que se dejó de dar a la asociación civil, o de lo contrario se le impondrá una multa y se iniciará un proceso de inejecución en contra de su titular, Juan Carlos Torres Cedillo, lo que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación.

Sin embargo, la apoderada y solicitante, Agustina Soto Luna, considera que la respuesta emitida por la SEGE no satisface lo requerido por el Juzgado.

La dependencia ha evadido responder desde diciembre de 2021, cuando la apoderada de la AC. solicitó el recurso correspondiente al semestre junio-diciembre, que por acuerdo administrativo del entonces gobernador Fernando Silva Nieto y la SEGE, se había ministrado continuamente desde 2001.

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