María Ruiz
La violencia contra las personas de la comunidad LGBTIQ+ aún es una realidad cotidiana en San Luis Potosí. A pesar de los avances legales y del aumento en la visibilidad social, los crímenes de odio, las desapariciones, la discriminación institucional y las violencias psicológicas afectan profundamente a esta población.
En conferencia de prensa, Paola Pedraza, integrante de la organización civil Mutelas, informó que desde 2017 hasta 2025 han documentado al menos 27 casos de crímenes de odio y desapariciones de personas LGBTIQ+, particularmente contra mujeres trans, quienes son las más expuestas a agresiones graves.
Además, advirtió que esta cifra podría ser mucho mayor, ya que actualmente no existen registros oficiales ni bases de datos estatales que contabilicen estos delitos con precisión.
“Lo más grave es que muchos de estos casos no se investigan como crímenes de odio, no se documentan en las estadísticas oficiales y muchas veces quedan en el olvido. Son agresiones invisibilizadas por el propio sistema de justicia”, señaló Pedraza.
La activista subrayó que la violencia no solo se manifiesta en los homicidios o desapariciones, sino también en consecuencias indirectas como el deterioro de la salud mental, las agresiones psicológicas y los suicidios derivados de contextos de discriminación, exclusión y falta de acompañamiento institucional.
Por su parte, Andrés Costilla, defensor de derechos humanos, recordó que en 2023 se logró incorporar la agravante por delito de odio por orientación sexual e identidad de género en el Código Penal del Estado, pero la aplicación de esta figura legal aún enfrenta obstáculos.
Un caso fue el asesinato de una adolescente trans, quien se convirtió en la primera víctima reconocida bajo esta tipificación en la Fiscalía General del Estado. Aunque en su momento se consiguió una sentencia de 34 años de prisión contra el agresor, actualmente el responsable busca obtener su libertad mediante un amparo.
“Este hecho fue histórico, pero también demuestra lo frágil que sigue siendo la justicia cuando se trata de crímenes contra la comunidad LGBTIQ+. No basta con que la ley exista, necesitamos que se aplique con fuerza y sin vacíos legales que permitan impunidad”, enfatizó Costilla.
Paul Ibarra, otro de los activistas presentes, denunció que la discriminación contra las familias diversas persiste. Las parejas del mismo sexo aún enfrentan procesos legales más largos y complejos para registrar a sus hijos e hijas, lo que las coloca en una situación de desigualdad frente a las parejas heterosexuales.
Además, denunció que recientemente se negó la posibilidad de matrimonio civil a una pareja del mismo sexo en San Luis Potosí debido a la falta de capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos.
Los activistas coincidieron en que el sistema social presenta graves ausencias para atender a la comunidad LGBTIQ+, especialmente en temas de salud integral, apoyo psicológico, procesos legales accesibles y un trato digno.
Ante este panorama, las organizaciones convocaron a la ciudadanía a participar en la marcha unitaria del orgullo LGBTIQ+, que se realizará este fin de semana con la expectativa de reunir a más de 30 mil personas.
El recorrido iniciará este sábado 5 de julio, en punto de las 4:00 de la tarde en el Parque de Morales, se dirigirá hacia el Centro Histórico y regresará al mismo punto, donde se ofrecerán talleres, conferencias y actividades culturales para continuar visibilizando las luchas y las demandas urgentes de la comunidad.
“Basta de discriminación, basta de crímenes de odio, basta de terapias de conversión”, fue el mensaje con el que concluyeron la conferencia, recordando que la violencia no debe ser parte de la vida cotidiana de ninguna persona por motivo de su identidad o expresión de género.
