Estela Ambriz Delgado
Consejeros indígenas denunciaron actos de obstaculización contra la integrante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, Cenorina Bernal Fernández, por personal de la Secretaría del Bienestar y de las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Cárdenas, quienes intentaron anular su nombramiento por la asamblea comunitaria como tesorera del comité de San Pedro en el municipio de San Antonio, al equiparar su cargo honorífico con el servicio público.
Informaron que los hechos se suscitaron el pasado lunes 28 de abril, durante una asamblea comunitaria en San Pedro, en la que las autoridades indígenas recibieron a los servidores de la nación y personal del INPI, acompañados de una persona comisionada de oficinas centrales del instituto en la Ciudad de México, para sesionar y realizar la conformación de los comités para la transferencia directa de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Al momento de proceder con la elección del comité, se mencionó que la comunidad ya tenía conformado el mismo, por lo que los servidores pidieron se ratificara, y al nombrar entre sus integrantes a la consejera nacional Cenorina Bernal, quien representa al pueblo tének, un servidor de la nación dijo que ella no podía ser porque tiene un nombramiento.
La consejera respondió que no era así, dado que su nombramiento fue dado por las comunidades y el cargo es de carácter honorífico, pero Vicente Argüelles, adscrito a las oficinas del INPI en Cárdenas, tomó sin autorización la identificación de Bernal Fernández con la que se acredita como consejera e insistió en señalarla como funcionaria pública.
Ante el intento de desacreditar a la Consejera, la comisionada del INPI de la Ciudad de México que atestiguaba el hecho, tuvo que intervenir y confirmó que efectivamente Bernal Fernández no es funcionaria pública y que su cargo es honorífico, por lo que no habría inconveniente para ser designada en el cargo que le confería la asamblea comunitaria, por lo que finalmente fue ratificada en su cargo de tesorera.
Los consejeros consideran que este tipo de acoso se debe a su persistencia en la defensa del presupuesto asignado directamente a las comunidades, sus denuncias del uso político del FAIS, así como el rechazo a la imposición de Mario Godoy Ramos en la representación del INPI.
“Tal parece que el señor Godoy, que es cuestionado por usurpar la identidad indígena para ser representante estatal del INPI, tiene entre ceja y oreja a los consejeros nacionales que no aceptan su imposición y pretende acallarlos y excluirlos de sus derechos”.
