Ciudad de México (21 de mayo de 2016).- Parecen fantasmas, pero no lo son: son reales y representan un reto social complejo cuya resolución no implica un exorcismo, sino la aplicación puntual de políticas públicas de reinserción y de salubridad. Son las personas en situación de calle.
Si bien “pueden vivir” en la vía pública, la realidad es que no son respetados sus derechos como ciudadanos, además de que su presencia en las calles representa una complicada problemática de readaptación social para ellos, daños al patrimonio de los vecinos y económica para los comerciantes. La ley les garantiza ser tratadas como cualquier ciudadano, pero en la práctica parece lo contrario.
Para Gabriel Contreras, un exindigente que vivó en un camellón de Reforma y Eje 1 Norte, hubo algo peor que vivir ahí: cuando nació su hijo, él y su novia no pudieron nombrarlo “Leonardo”, como podría haberlo hecho cualquier capitalino.
Cuenta que cuando lo llevó a registrar, personal del DIF decidió llamarlo Oswaldo y ahora el menor está bajo custodia del Estado. “He vivido muchos maltratos de las personas y de las autoridades. Estoy luchando por estar afuera de la calle para ver a mi bebé”, afirma Gabriel, quien trabaja lavando platos y espera la respuesta de un trabajo formal en una empresa para poder tener contacto con su hijo.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), las poblaciones callejeras han crecido durante las tres últimas generaciones.
Según el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza se concentra 65% de la población callejera, pero no hay un censo real y sobre el total únicamente existen
cálculos de la Secretaría de Desarrollo Social local de unos cuatro mil indigentes.
La CDHDF y El Caracol, A.C., organización dedicada a la defensa y reinserción de este sector, señalan que en los últimos dos años han detectado casos de fabricación de delitos contra indigentes. Robo de celulares o a transeúnte son acusaciones constantes por parte de los vecinos. Cuando no son denuncias, los vagabundos enfrentan desalojos violentos.
Un ejemplo se ha dado en la calle Artículo 123, colonia Centro, donde se calcula que hay más de 50 personas viviendo en campamentos improvisados de lonas, cobijas y cartones sobre la banqueta.
Al menos 15 indigentes de este lugar han llegado a los Reclusorios Varoniles Preventivos Norte y Oriente con diversas imputaciones hechas por residentes de la zona.
Además, ambos organismos consideran que el aumento de la población en situación de calle y su desplazamiento del espacio público ha repercutido en actos de odio, discriminación y criminalización hacia ellos.
“Una persona en situación de calle no es un delincuente. Es una persona que por alguna razón de vida se fue a vivir a la calle. Se está haciendo complejo en la medida en la que ya son tres generaciones en calle”, sostuvo a Excélsior Perla Gómez Gallardo, ombudsperson capitalina.
En los últimos 30 años, las acciones de las administraciones locales para la atención de las poblaciones callejeras se mantienen en el asistencialismo, con programas sociales que carecen de continuidad, sin asignaciones de presupuestos específicos y oportunidades reales de trabajo, según la publicación Derechos de las Poblaciones Callejeras, de la CDHDF.
Luis Enrique Hernández Aguilar, director de El Caracol, A.C., dice que creció el odio hacia esta población por parte de vecinos que de alguna manera resultan afectados, y no reconocen que el problema es de las autoridades.
“El tema que nos parece muy grave es cómo está creciendo el odio y la intolerancia hacia la población callejera. Se ha exacerbado esta idea de vecinos enojados y la autoridad que no logra resolver este problema”, sostuvo.
Los vecinos señalan que el problema repercute en un ambiente de inseguridad provocado por sus adicciones y robos, y la disminución del valor patrimonial de sus propiedades.
“Las autoridades dejan a las poblaciones callejeras al azar. Es relativo que las personas tengan derecho a vivir en las calles. Se lavan las manos con ese argumento y evitan la verdadera reinserción social y una inversión de presupuesto para albergues y oportunidades laborales”, aseguró Eva Morales Chávez, integrante del Comité Ciudadano de Roma Norte III.
Fuente: Excélsior.
