María Ruiz
Durante la sesión de Cabildo de San Luis Potosí en la que fue entregado de manera formal el informe de Gobierno Municipal del primer año de la administración 2024-2027, el alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó la supuesta unidad y cooperación entre los regidores de la capital.
“No es un acto político, es una obligación constitucional… el informe es lo que en conjunto las regidoras, los regidores, los síndicos decidimos para la ciudad”, señaló el mandatario, quien añadió que todas las decisiones se tomaron “pensando en la gente y no en los partidos políticos”.
Galindo aseguró que las discrepancias dentro del Cabildo se resolvieron mediante diálogo y buena voluntad política, y que la colaboración de las seis fuerzas políticas representadas permitió la aprobación de más de 137 acuerdos con un enfoque en la modernización de la ciudad.
Sin embargo, los hechos ocurridos durante el primer año de gestión contrastan con esta narrativa de unidad.
En noviembre de 2024, durante la aprobación de la Ley de Ingresos del Municipio para 2025, cuatro regidores se pronunciaron en contra de varios puntos del dictamen, entre ellos un aumento del 50 por ciento en las tarifas de parquímetros.
La medida fue justificada por la administración como necesaria tras 15 años sin cambios, pero los regidores que se opusieron consideraron que el incremento afectaba directamente a la ciudadanía. La votación final fue de 14 a favor y cuatro en contra.
En abril de 2025, el regidor del PVEM, Gustavo Jesús Mercado Garay, cuestionó la ampliación presupuestal de más de 160 millones de pesos destinada al eje “Ciudad Familiarmente Sostenible”, al señalar que los recursos asignados a Seguridad y Agua eran insuficientes y que sus dudas no fueron aclaradas por los funcionarios municipales, lo que evidencia la falta de consenso técnico.
En septiembre de 2025, la regidora Adriana Urbina Aguilar, de Movimiento Ciudadano, se abstuvo de aprobar una modificación presupuestal que buscaba cumplir con una sentencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) por 44 millones de pesos a favor de un corporativo privado.
La regidora advirtió que había un insuficiente sustento jurídico y técnico, así como inconsistencias en la información presentada ante el Cabildo.
Estos episodios muestran que, a pesar de la narrativa del alcalde sobre unidad y diálogo, durante el primer año de su gestión se registraron discrepancias significativas dentro del Cabildo.
Las decisiones clave sobre ingresos municipales, asignación de recursos y cumplimiento de sentencias judiciales estuvieron marcadas por debates, cuestionamientos y posiciones críticas que contrastan con la imagen de consenso que Galindo presentó en este primer informede su segundo trienio.
El primer año de la administración 2024-2027 queda así como un ejercicio donde la retórica del diálogo y la cooperación se enfrenta a la evidencia de diferencias y tensiones reales dentro del Cabildo.
