Fernanda Durán
Aunque el Presupuesto de Egresos 2026 aprobado por el Congreso del Estado contempla un incremento para el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el organismo advirtió que los recursos asignados no cubren la totalidad de sus necesidades operativas, particularmente de cara al arranque del proceso electoral 2026–2027.
En entrevista, la consejera presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López, explicó que el aumento aprobado por el Legislativo solo impacta parcialmente en las actividades previas al proceso electoral, pero deja sin atender otros rubros fundamentales del funcionamiento institucional.
“Lo aprobado por el Congreso del Estado no corresponde con lo solicitado por Ceepac. Si bien es cierto que se dio un incremento, este incremento solamente incide en el presupuesto que se solicitó para el inicio o actividades previas al inicio del proceso electoral”.
Precisó que el ajuste aprobado equivale aproximadamente a una tercera parte de lo que el organismo había planteado para ese fin.
Blanco López detalló que, además, hubo recortes en el gasto ordinario, no se autorizaron recursos para proyectos transversales y tampoco se contempló presupuesto para cubrir el adeudo con el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que obliga al organismo a replantear sus prioridades operativas.
En el mismo sentido, la consejera electoral Graciela Díaz Vázquez explicó que el incremento aprobado por el Congreso, de 25 millones de pesos respecto a la propuesta original enviada por la Secretaría de Finanzas, resulta insuficiente frente a la diferencia total entre lo solicitado por el organismo y lo finalmente autorizado.
“Entre lo que nosotros enviamos a Secretaría de Finanzas como las necesidades para el ejercicio fiscal 2026 y lo que finalmente aprueba el Congreso del Estado, todavía hay una diferencia de poco más de 80 millones de pesos”.
Aclaró que aunque el aumento “abona a los trabajos del próximo año”, no resuelve de fondo las necesidades mínimas para operar en condiciones idóneas.
La consejera subrayó que el presupuesto solicitado por el Ceepac fue planteado bajo criterios de austeridad y corresponde a lo indispensable para cubrir tanto el gasto ordinario como el inicio operativo del proceso electoral, que comienza desde 2026 con tareas técnicas, administrativas y de planeación.
Ante este escenario, el Consejo Electoral prevé priorizar actividades esenciales durante los primeros meses del año, particularmente aquellas vinculadas al diseño de herramientas tecnológicas, desarrollo de software electoral, capacitación de personal y partidos políticos, así como la planeación logística del proceso.
“Ceepac tiene la experiencia de haber trabajado con déficit presupuestales los últimos años”, reconoció Díaz Vázquez, al señalar que el organismo ya analiza internamente cómo redistribuir los recursos disponibles y posponer actividades no inmediatas para etapas posteriores del año.
Las consejeras confirmaron que el organismo no descarta solicitar ampliaciones presupuestales conforme avance el ejercicio fiscal, a fin de cubrir los faltantes que persisten tras la aprobación del presupuesto.
“De ninguna manera se descarta”, afirmó Díaz Vázquez, al considerar que insistir ante las autoridades es parte de la responsabilidad institucional para garantizar que San Luis Potosí cuente con una elección organizada bajo condiciones adecuadas.
Mientras tanto, el Ceepac se prepara para iniciar 2026 con un esquema de contención del gasto, enfocado en asegurar la continuidad de las actividades sustantivas del proceso electoral, aun cuando el margen presupuestal aprobado resulte limitado frente a los retos operativos que se avecinan.
El OPLE solicitó para el ejercicio fiscal 2026 un presupuesto de 407 millones 767 mil 818 pesos; sin embargo, el Congreso del Estado aprobó una asignación de 278 millones 559 mil 067 pesos, resultado de la propuesta original del Ejecutivo por 253 millones 559 mil 067 pesos más un incremento de 25 millones de pesos avalado en la Comisión de Hacienda.
Las consejeras consideraron que por lo menos una diferencia de 80 millones de pesos limita la cobertura del gasto ordinario, deja fuera proyectos transversales y obliga al organismo a priorizar únicamente las actividades indispensables para el arranque del proceso electoral 2026–2027.
