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Después de la muerte de dos bebés en Chiapas, relacionada con las campañas de vacunación, el IMSS informó que la suspensión temporal de la vacunación será solo de los lotes de vacunas identificados en el municipio de Simojovel , que corresponden a la vacuna Hepatitis B.

De esta manera se confirma que la campaña de vacunación continuará realizándose de manera normal en todo el país. 

El IMSS ha iniciado una investigación para identificar la causa de las reacciones a las vacunas y como medida preventiva paralizó su aplicación en todo el país. El ombudsman mexicano investiga también el caso.

A través de un comunicado emitido el domingo en conjunto por el IMSS y el gobierno de Chiapas se señaló que han mantenido una “reunión amplia” con los familiares y representantes de la comunidad a quienes aseguraron que los niños tendrán “la mejor atención médica” y que están dispuestos a “dialogar sobre sus inquietudes”.

Hasta el momento, se desconoce qué ha podido enfermar a los niños, si hubo algún tipo de negligencia en la administración de las vacunas o si éstas podían estar en mal estado.

La parroquia del padre Pérez está ayudando a las familias afectadas a recabar todos los datos y a hablar con las autoridades pero lo que ya adelanta es una exigencia que Simojovel vienen haciendo desde hace años que es la construcción de “un hospital de verdad, con el personal y los instrumentos adecuados para atender a las más de 70.000 personas, del municipio y de fuera que llegan pidiendo atención”.

De acuerdo con los datos de la Secretaria de Desarrollo Social de 2014, 93,2% de la población de Simojovel vive en la pobreza, 68,6% en extrema pobreza, y la carencia por acceso a la seguridad social afectó al 95,3%.

Chiapas ya vivió una situación similar en 2002 cuando al menos 24 recién nacidos murieron en el hospital de la localidad de Comitán por falta de recursos materiales y humanos en dicho hospital, un caso que involucró a las autoridades del estado y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2014 determinó reabrir el proceso penal contra el entonces gobernador Pablo Salazar.

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