Estela Ambriz Delgado
A pesar de que la Fiscalía General del Estado había emitido un acuerdo para que nuevamente el salón ejidal de La Pila y sus anexos fuera resguardado —por lo que agentes ministeriales colocaron los sellos correspondientes—, solamente pasaron dos horas cuando fueron retirados y otra vez se le entregó a Armando Zárate Arvizu, a quien se le acusa de haber despojado el salón en el mes de marzo.
El pasado lunes 21 de julio se emitió un acuerdo sobre el expediente 11686/25 iniciado por el delito de despojo, derivado de la querella presentada por J. Guadalupe Martínez Rivera, Antonio Gómez Contreras y Pedro Zúñiga Rosas, quienes en ese entonces eran presidente, secretario, y tesorero del comisariado ejidal, que ordenaba el resguardo del salón debido a que no se permitió su inspección, lo que era parte de la investigación.
Sin embargo, como informa la abogada Lindsay Saldaña Candelaria, al acudir a la Policía de Investigación junto con el presidente del comisariado Pedro Adrián Martínez para que les asignaran agentes que ejecutaran la orden, luego de esperar por más de cinco horas les dijeron que era un asunto que tenía la instrucción de ser atendido hasta el día siguiente.
Por ello acudieron a la FGE y fueron atendidos por el particular de la titular Manuela García Cázares, a quien pusieron en conocimiento de toda la situación y dio la orden de que fueran atendidos la vicefiscalía, en donde discutieron sobre la razón por la que estaba detenido el aseguramiento, que dijeron se trata de una suspensión otorgada a Zárate Arvizu.
Al respecto, la abogada explicó que el ejidatario promovió con su equipo legal un amparo, aduciendo que la Fiscalía y otras autoridades querían despojar a La Pila de sus bienes y sacarlo del régimen ejidal, pues sabían que se trabaja en la carpeta mencionada, en el que se les concedió la suspensión, pero solamente para el caso de que sea una privación ilegal de los bienes del ejido.
“En la suspensión dice muy claro: solamente para casos que sean ilegal, si estamos hablando de actos de aseguramiento, en una carpeta de investigación, donde haya sido llamado y todo haya sido legal, ahí la suspensión no surte efectos para actos así, está muy claro”.
En este sentido, Saldaña Candelaria planteó en la FGE que la suspensión no abarca detener un aseguramiento por investigación, además de que les señaló la incongruencia del argumento, dado que en marzo entregaron el salón a Zárate Arvizu cuando no era autoridad en el ejido, y a otros que ya habían sido removidos del comisariado, actuando en una carpeta de 2018 que estaba archivada, por lo que finalmente se autorizó el resguardo.
Posteriormente, el acuerdo fue ejecutado por agentes ministeriales, se resguardó el comité, colocaron sellos en el portón de su entrada, y dos horas más tarde regresaron al lugar para quitarlos y dar nuevamente acceso a Armando Zárate y su grupo.
Ante la situación, el martes 22 acudieron de nueva cuenta a la Fiscalía, en donde entre autoridades se “echaron la pelotita”, y se percataron de que la carpeta fue movida de una a otra mesa, hasta quedar con la ministerio público Ma. Teresa García Ahumada, quien dictó un acuerdo en el que se da marcha atrás al aseguramiento.
“Salieron con que se da una contra orden, un acuerdo donde ellos mismos echan atrás el aseguramiento; claro que le quitan la carpeta a la fiscal que la tenía y la amenazan con abrir un expediente de responsabilidad por ordenar el resguardo. Este acuerdo lo dicta otra MP (…) y una autoridad como ellos no pueden revocar sus determinaciones, tendría que hacerlo un juez de control o de distrito”.
Asimismo, la abogada hizo mención de que la FGE se escuda en que hay dos personas ostentándose como comisariado en tanto el Tribunal Unitario Agrario (TUA) no se pronuncie al respecto, pero Zárate Arvizu no ha comparecido en la carpeta con esa calidad, sino que está como inculpado, por lo que se cuestiona de dónde sacan ese argumento.
Además, destacó que el segundo acuerdo de donde revocan el primero salió hasta el martes 22 de julio, cuando el mismo lunes 21 fueron retirados los sellos, lo que es irregular dado que aún no existía el acuerdo de García Ahumada.
Por ello se promoverán expedientes de responsabilidad contra los ministeriales para que ellos digan de dónde provino la orden y porqué actuaron así, ya que no existe en la carpeta más que la orden de resguardar el salón.
Recordó también que por este caso ya existe una denuncia por corrupción contra la agente del Ministerio Público, Nayeli Milán Ortega, jefa de mesas de trámite común, quien se presume aún interviene en el asunto.
La asesora de los ejidatarios subrayó lo irregular de las acciones y que en La Pila la situación es tensa debido a que, cuando la gente se quiere meter al salón, Armando Zárate se burla de ellos y se jacta de que cuenta con el apoyo de la Fiscalía.
