Por Victoriano Martínez

El juez primero de Distrito requirió a la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) que le remita las constancias que demuestren que la empresa Abastecedores Pecuario Lozano, S.A. de C.V. (APELSA), ha cumplido con las medidas que le impusieron desde 2013 para resolver un problema ambiental generado en las colonias vecinas de su planta.

El requerimiento fue emitido como parte del trámite que se da al amparo 61/2020 promovido por vecinos del fraccionamiento Valle del Agave, vecino de APELSA, no sólo contra la Segam, sino también contra el Interapas, a raíz del incumplimiento de la recomendación 19/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En el acuerdo, el juez señala que el motivo de la solicitud del amparo se refiere a un problema ambiental producido por una empresa que manufactura alimento industrializado para animales.

“Sus emanaciones a la atmosfera causan olores fétidos y enfermedades a los más vulnerables, además del irracional uso del drenaje por parte de la misma, que sin tratamiento vierte sus desechos húmedos al sistema; de lo cual indica tienen conocimiento las autoridades responsables”, describe el problema expuesto por el quejoso.

El juez menciona que de acuerdo con el informe justificado rendido por la Segam, desde el 7 de octubre de 2013 se practicó una visita de inspección a APELSA y se la instauró “un procedimiento administrativo, en el cual se le impusieron diversas medidas; procedimiento que según se indica no se encuentra concluido al estar pendiente de emitir la resolución definitiva”.

Tras mencionar ese antecedente, el Juez requiere a la Segam para que en un plazo de tres días remita las constancias de que efectivamente se cumplieron las medidas para resolver el problema ecológico generado por la empresa.

Ángel Sánchez Soto, quien encabeza la solicitud de amparo, señaló que se trata de una situación que tiene como antecedente la recomendación 19/2019, emitida por la CEDH desde el 12 de septiembre del año pasado, y que ni la Segam ni el Interapas aceptan.

La recomendación se identifica como “Sobre el caso de vulneración de los derechos humanos: al agua (saneamiento), la protección de la salud y el disfrute a un medio ambiente sano, en agravio de los habitantes del fraccionamiento Valle del Agave”, y está dirigida a Yvet Salazar Torres, titular de la Segam, y a Fermín Purata Espinoza, director de Interapas.

Entre las recomendaciones que la CEDH hace a la Segam se encuentra que inicie medidas jurídicas efectivas para que APELSA cumpla las medidas de seguridad que la misma Secretaría le fijó desde 2013, es decir, seis años antes. La enumera:

  1. A) Llevar a cabo la separación de los drenajes de aguas pluviales, sanitarias y de proceso.
  2. B) Presentar programa de minimización de residuos, con el objeto de evitar alta concentración orgánica en las descargas de aguas residuales.
  3. C) Presentar un programa de obra para mejorar el sistema de tratamiento de las aguas residuales con el objeto de disminuir las altas concentraciones de contaminantes en las descargas de las aguas residuales.

Al Interapas, la CEDH le pide que dé cumplimiento a sus propias determinaciones, entre las que “indicó la necesidad de la construcción por parte de la Empresa 1 (APELSA), de un sistema de tratamiento adecuado de descarga residual que cumpla fundamentalmente con los estándares de la NOM-001-ECOL-1996”.