Por Antonio González Vázquez
El Frente Ciudadano Anticorrupción convocó al gobernador Juan Manuel Carreras López a que intervenga en el caso del escándalo de la Ecuación de Corrupción ya que en la Procuraduría General de Justicia, las investigaciones sobre el tema se encuentran estancadas. No solo eso, la Auditoría Superior le ha negado información a la Procuraduría y ésta dice no estar facultada para apremiar la comparecencia de Jesús Martínez que en dos citas, no se ha presentado ante el Ministerio Público.
En rueda de prensa, el Frente Ciudadano Anticorrupción mostró su preocupación por el hecho de que la Procuraduría ha reportado que 28 alcaldes se han presentado a declarar sobre la Ecuación de Corrupción, pero todos han negado haber sido alguna vez extorsionados por los diputados.
Reportaron que en reunión con el procurador, Federico Garza, éste les dio información que resulta del todo decepcionante pues en pocas palabras, las investigaciones contra Enrique Flores y demás involucrados en la Ecuación de Corrupción no caminan.
Este es el comunicado difundido por esa organización que, una vez más, instó al gobernador a que demuestre que es verdadera su voluntad para combatir la corrupción en el estado.
El Frente Ciudadano Anticorrupción lamenta los nulos avances que han tenido, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las investigaciones en torno a la ecuación de la corrupción del Congreso del Estado, luego de que la tarde de ayer, como anunciamos en la rueda de prensa del miércoles pasado, una docena de integrantes de este Frente tuvimos una reunión con el procurador Federico Garza Herrera.
Tras manifestarle nuestra extrañeza ante la incapacidad de la Procuraduría para contar con medidas de apremio para allegarse documentación y hacer comparecer a los involucrados, se plantearon alternativas como requerir, a través del superior jerárquico de la Auditoría Superior del Estado, la documentación que se ha negado a entregar, y/o gestionarla mediante solicitudes de información fundadas en las leyes de transparencia. Garza Herrera anotó como alternativa viable pedir la documentación a la Auditoría a través del Congreso del Estado y, sobre la obtención de documentación certificada a través de solicitudes de información, giró la instrucción al subprocurador de procedimientos jurisdiccionales, Aarón Edmundo Castro Sánchez, para que se coordine con integrantes de este Frente que han presentado denuncias, y éstos requieran vía transparencia documentos certificados específicos que posteriormente pueden aportar como pruebas a las Carpetas de Investigación en las que sean parte.
Para el Frente Ciudadano Anticorrupción no pasa inadvertido lo grave que resulta que, desde hace más de dos meses, el estado de las investigaciones en torno a los actos de corrupción en el Poder Legislativo se encuentren prácticamente sin movimiento, y hace un llamado al gobernador Juan Manuel Carreras López para que demuestre verdadera voluntad de un ataque frontal a la corrupción. Como lo advertimos hace dos semanas: cada día que pasa, Carreras López y sus subordinados responsables de procurar justicia se vuelven cómplices de la corrupción denunciada.
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El pasado jueves 14 de septiembre todos los potosinos fuimos testigos de que no sólo Manuel Barrera Guillén personifica el cinismo y la corrupción que impera entre quienes desafortunadamente integran la LXI Legislatura estatal.
Para el Frente Ciudadano Anticorrupción resulta, a una semana de la imprudente provocación que José Luis Romero Calzada lanzó a los manifestantes de las distintas organizaciones que protestaban ante el descaro de Barrera Guillén de pretender dar el informe anual del Congreso del Estado, un agravio más al Poder Legislativo como institución y a la ciudadanía en general el hecho de que los 25 diputados restantes no hagan un deslinde claro y contundente de sus dos nefastos compañeros.
Pronunciamientos en tribuna o declaraciones públicas no son suficientes ante la grave crisis de confianza y credibilidad en la que estos personajes han puesto a una de las tres instituciones que son pilares fundamentales de nuestra vida democrática. Si vemos a una Procuraduría incapaz de allegarse documentación que daría claridad a las investigaciones de los actos de corrupción, que las diputadas y los diputados opten por limitarse a pronunciamientos que no aportan más que apariencia los coloca en una actitud de omisión cómplice, cuando en sus manos está facilitar el acceso a la documentación que la Procuraduría requiere, pero también hacer pública toda la información necesaria para que la ciudadanía en general, a la que deben demostrar que efectivamente representan, pueda detectar ilegalidades que den pie a denuncias conforme a la nueva Ley de Fiscalización como vía para resarcir los daños al erario, provocados por la corrupción imperante.
Si a esa omisión cómplice agregamos el nombramiento de una Comisión Jurisdiccional para desaforar a Enrique Flores Flores, que parece integrada a modo para que protejan a uno de los suyos, todo apunta a que poco a poco los 27 legisladores parecen colocarse la misma playera que Romero Calzada con la leyenda “#TodosSomosBarrera”. Sus próximos actos –no declaraciones– serán el mejor indicador de que le darán o no la razón a su compañero provocador e irresponsable.
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En la sesión ordinaria del pasado viernes 15 de septiembre, la diputada Josefina Salazar Báez se pronunció a favor de hacer la declaratoria de validez de la aprobación de la reforma constitucional que elimina el fuero en el estado y, durante su intervención en tribuna, el diputado Fernando Chávez Méndez, presidente de la Directiva, le anunció que para la sesión de mañana se emitiría esa declaratoria y se turnaría al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Aunque el tema no fue incluido en la Gaceta Parlamentaria para la sesión de mañana, confiamos en que efectivamente mañana se consume la eliminación del fuero en el estado, de manera que quede claro cuáles son los municipios que no se pronunciaron a favor de su eliminación y con ello mostraron su escasa convicción para atender las demandas ciudadanas por contar con funcionarios que desean mantener esa injusta protección, entre los que lamentablemente se encuentran los dos más poblados de la entidad: Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.
