Fernanda Durán
La organización Cambio de Ruta A.C. solicitó formalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que inicie una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 0314, publicado el 18 de noviembre de 2025, que reforma el Código Penal de San Luis Potosí para tipificar delitos vinculados al uso de inteligencia artificial.
En el escrito, presentado el 8 de diciembre y dirigido a la Presidencia, así como a áreas jurídicas del organismo nacional, la agrupación advierte que las modificaciones aprobadas por el Congreso del Estado vulneran derechos constitucionales y representan “graves incompatibilidades” con estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión.
La organización argumenta que el decreto aprobado opera con conceptos vagos que permiten interpretaciones amplias por parte de la autoridad, además de que el nuevo tipo penal viola el principio de taxatividad al emplear términos indeterminados como “alarma pública”, “alterar la paz social”, “confianza pública” o “riesgo verificable”, lo que abre la puerta a usos arbitrarios y restrictivos.
De igual forma, advierte que las exclusiones de responsabilidad previstas en el decreto trasladan indebidamente la carga probatoria a las personas imputadas, pues exigen acreditar “ausencia de dolo”, lo cual contradice la presunción de inocencia.
Otro de los señalamientos centrales es el riesgo de que la reforma penal tenga un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión. La organización sostiene que las disposiciones aprobadas podrían impactar negativamente el periodismo de investigación, la crítica política, la parodia o actividades de defensa de derechos humanos.
Incluso con los ajustes incorporados en el dictamen final, advierten que recreaciones periodísticas, sátiras o memes políticos podrían seguir siendo consideradas conductas delictivas.
La carta también subraya que las penas contempladas en el decreto resultan desproporcionadas frente al bien jurídico que buscan proteger, y recuerda que los estándares interamericanos solo permiten restricciones a la libertad de expresión que sean previstas en la ley, necesarias en una sociedad democrática y estrictamente proporcionale, por lo que “el Decreto 0314 no supera estos estándares”.
Cambio de Ruta defiende su interés legítimo para presentar la solicitud al señalar que su labor cotidiana involucra documentación de violaciones a derechos humanos, supervisión ciudadana de autoridades, investigación periodística, creación artística y monitoreo ambiental y climático, actividades que podrían quedar expuestas a criminalización bajo el nuevo tipo penal.
La organización recalca que “las reformas penales aprobadas ponen en riesgo estas actividades esenciales para la vida democrática”.
En su petitorio, la agrupación solicita que la CNDH promueva la acción de inconstitucionalidad antes del plazo límite del 18 de diciembre de 2025, utilice sus convenios con universidades y organismos especializados para fortalecer el análisis jurídico, informe públicamente sobre su decisión dada la relevancia del asunto y establezca coordinación con comisiones estatales, organizaciones y expertos para generar precedentes protectores.
Por último, demandan la intervención urgente del organismo nacional, dado que el decreto entró en vigor el 19 de noviembre y ya rige plenamente en el estado.
