Por Victoriano Martínez
Decenas de agrupaciones empresariales, de profesionistas y ciudadanas se pronuncian hoy por que se restaure la legalidad y se sancione a quienes resulten responsables en la red de corrupción que hace una semana se reveló en un video en el que el diputado Enrique Flores Flores describe cómo opera la “ecuación” para limpiar cuentas públicas en el Congreso del Estado.
En un desplegado publicado este lunes en el periódico Pulso exigen la depuración de los trabajos de fiscalización de las cuentas públicas con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como a través de auditorías externas a los ayuntamientos, entre los que destaca el de la capital, al que la Auditoría Superior del Estado (ASE) reportó con cero observaciones.
Los organismos empresariales, de profesionistas y ciudadanos, así como centenas de personas en lo individual, consideran que la red de corrupción revelada representa la oportunidad para que las autoridades de todos los niveles demuestren que van en serio los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción.
Piden al Congreso rechazar los informes finales de la ASE sobre las Cuentas Públicas para que sean sometidas a una nueva revisión supervisada por la ASF y auditores externos, que el gobernador Juan Manuel Carreras lleve el sistema anticorrupción a los hechos y que el auditor Superior de la Federación intervenga para evitar mayor afectación a la credibilidad de los sistemas nacional y estatal de fiscalización.
Piden a la población en general mantenerse atenta a las propuestas que harán “para hacer sentir el repudio ciudadano no sólo a esta red de corrupción, sino a todas aquellas autoridades que, por omisión, son cómplices de su operación”. Este es el texto del desplegado:
JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ
Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí
PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO
JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ
Auditor Superior de la Federación
La corrupción campea en la administración pública. Así lo revela el video difundido por el periódico Pulso el pasado lunes 12, con las cínicas posturas del diputado Enrique Flores Flores. Esa sólo es una muestra de lo que la opacidad en la administración pública esconde a la población, pero también puede convertirse en la oportunidad para que el sector gubernamental, en todos sus niveles, salde la deuda de transparencia que tiene con la ciudadanía y comience una verdadera cruzada que demuestre que va en serio la creación de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción.
El alcance de lo involuntariamente revelado por Flores Flores exige medidas urgentes para restaurar en lo posible la legalidad, aplicar sanciones ejemplares a quienes sean acreedores a ellas y evitar daños inminentes de difícil reparación. En consecuencia, exigimos:
- Se dé curso a las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en torno al caso, a fin de que se inicien con urgencia y celeridad los juicios de procedencia de responsabilidad penal de los diputados involucrados. En tanto se concluye el juicio de procedencia, la separación inmediata de los diputados J. Guadalupe Torres Sánchez, Manuel Barrera Guillén, Oscar Bautista Villegas y Enrique Flores Flores.
- Si bien ya renunció José de Jesús Martínez Loredo como Auditor Superior del Estado, no resulta suficiente, dada la necesidad de una limpia a fondo del órgano fiscalizador, de manera que se destituya a todos los demás funcionarios de esa dependencia involucrados.
- Renuncias y cambios en la Auditoría Superior del Estado y en la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado son insuficientes. Es necesaria la aplicación de las sanciones que procedan para cada uno de los participantes en esta red de corrupción.
- La eliminación del fuero.
- La intervención de la Auditoría Superior de la Federación para depurar los trabajos de fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016, realizados por una Auditoría Superior del Estado carente de confiabilidad, al estar encabezada desde entonces por Martínez Loredo.
- La aplicación de una auditoría externa a las Cuenta Pública 2016 de los 58 ayuntamientos, especialmente a la del Ayuntamiento de San Luis Potosí, por ser el único caso que aparece con cero observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado, situación que sólo se explica por las componendas con la red de corrupción revelada.
- La cancelación inmediata del contrato del Ayuntamiento con la empresa PANAVI para el cambio de luminarias de la ciudad, toda vez que se tienen evidencias de que la misma red de corrupción al interior del Congreso del Estado, operó para tratar de imponer un contrato leonino contra las arcas municipales.
- La suspensión de la convocatoria para integrar la Comisión de Selección que nombraría a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, toda vez que los actuales legisladores carecen de confiabilidad para integrar una instancia que combata la corrupción al ser los principales sospechosos de una red de corrupción en torno a las cuentas públicas municipales.
- Promover que, por única ocasión, de manera supletoria el comité que seleccionó a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción sea el encargado de llevar el proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, como una forma de garantizar una selección objetiva, imparcial y libre de intereses locales.
Si en la exposición de motivos de la recién aprobada Ley del Sistema Estatal Anticorrupción se afirma que “la corrupción es, sin duda, el mayor desafío que enfrentan hoy día las instituciones públicas”, los hechos demuestran que ha llegado el momento en que, quienes están al frente de las instituciones hagan real el combate a la corrupción, incluida la que representa la omisión e indolencia ante hechos del dominio público ante los que aparecen como cómplices, por lo que hacemos los siguientes llamados:
Al Congreso del Estado:
- Rechazar los Informes Finales de Auditoría para que sean devueltos a la Auditoría Superior del Estado para una nueva revisión y elaboración con la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación o, en su defecto, por auditores externos, para que pueda resarcirse la confiabilidad en el sistema de fiscalización.
- Someter el nombramiento del nuevo Auditor Superior del Estado a que sea la ciudadanía la que les proponga una terna de candidatos que garantice que sea nombrada una persona independiente, con experiencia y conocimientos, con autoridad moral tal que su sola presencia inhiba a los delincuentes y, sobre todo, con valor civil para imponerse y resistir los embates de los auditados.
Al gobernador Juan Manuel Carreras López:
- Emitir un pronunciamiento claro y firme en contra de esta red de corrupción, así como actuar en consecuencia para que contribuya a hacer efectivos los fines del Sistema Estatal Anticorrupción. Le ha llegado el tiempo de pasar de las palabras a los hechos en el combate a la corrupción.
Al Auditor Superior de la Federación Juan Manuel Portal Martínez:
- Poner atención a la grave crisis de credibilidad en la que se encuentra el sistema estatal de fiscalización que a su vez pone en duda la confianza que se puede tener el en sistema nacional de fiscalización, con la consecuente falta de certeza en la aplicación correcta, no sólo de los recursos estatales, sino también los de origen federal, a fin de que tome las medidas pertinentes para depurar los trabajos de fiscalización, resarcir en lo posible los daños patrimoniales al erario y aplicar las sanciones ejemplares para evitar la repetición de tan vergonzosos actos.
Al pueblo potosino:
- Ante la indignación general y la pregunta latente sobre “¿qué puedo hacer yo?”, mantenerse atento a las opciones que este grupo ciudadano analiza proponerles para hacer sentir el repudio ciudadano no sólo a esta red de corrupción, sino a todas aquellas autoridades que, por omisión, son cómplices de su operación.
