Estela Ambriz Delgado
Jonathan Abraham Quintero García, presidente del Consejo Hídrico Estatal, consideró que es importante que se investigue cómo fue que la empresa Aguas del Poniente Potosino aumentó su área de gestión con respecto a la que le fue autorizada.
Lo anterior como parte de los aspectos a revisar ante el próximo vencimiento de la concesión en diciembre del presente año.
Respecto al próximo vencimiento de la concesión que ostenta la empresa, el presidente del Consejo puso énfasis en que se debe revisar la transparencia en los procesos de las concesiones, el estado económico de Aguas del Poniente, la cantidad de agua extraída y los criterios de expansión.
En este sentido, informó que el acta de Cabildo en donde se aprobó la concesión para prestar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, disposición y tratamiento de aguas residuales, delimitaba territorialmente un polígono. Sin embargo, al revisar el área de gestión es mayor, pues se suma el fraccionamiento La Vista Residencial.
En el acta de Cabildo del 23 de diciembre de 2008 se establece que se daría el servicio a 2 mil 168 lotes pertenecientes a los fraccionamientos Residencial La Tenería y Urbanizadora Peña Blanca, pero según la información que se encuentra en la página de Aguas del Poniente, la empresa abastece también a La Vista Residencial.
Quintero García consideró que el problema de los mecanismos de privatización del agua, de acuerdo a diversos estudios que ha revisado, siempre suelen generar desigualdades hídricas; un acaparamiento por parte de ciertos sectores con mayor poder económico que de manera natural se da en todos lados donde existe ese tipo de mecanismo.
El también catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) destacó que el aspecto más importante a considerar para otorgar o negar una concesión es que, si se quiere que el agua se trate como un derecho humano, no tiene cabida la privatización del servicio, pues es convertir el agua en mercancía.
“Las bases del derecho al agua prácticamente nos dicen que es libre para todos, no tiene precio, lo que se cobra es el servicio de abastecimiento, no el agua en sí. Entonces cuando hay un mercado del agua es todo lo contrario y hay muchas situaciones contraproducentes, y eso se puede encontrar en muchos estudios”.
Respecto a dichos estudios, Quintero García mencionó el trabajo de investigación sobre justicia hídrica del doctor en Antropología, Francisco Javier Peña de Paz, del Colegio de San Luis (Colsan), entre otros integrantes de la institución, los cuales considera no han sido tomados en cuenta como debería.
