María Ruiz
La falta de garantías para denunciar y la desconfianza en las autoridades provocan un alarmante subregistro de personas desaparecidas en San Luis Potosí. De acuerdo con Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, sólo una de cada tres familias logra presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a obstáculos institucionales, amenazas y un entorno de revictimización que inhibe el acceso a la justicia.
“Las familias enfrentan un panorama hostil desde el primer momento. Ministerios públicos que minimizan, funcionarios que omiten su deber y prácticas intimidatorias que obligan al silencio. Por eso muchas familias deciden no denunciar: porque no se sienten seguras”, explicó la activista.
Frente a esta realidad, el colectivo exige que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) garantice la presencia de observadores durante todo el proceso de denuncia ante la Fiscalía, para prevenir abusos, proteger a las víctimas indirectas y asegurar que se respeten sus derechos desde el primer contacto institucional.
“La presencia de la CEDH como observadora sería un primer paso para frenar la violencia institucional. Muchas veces, es en el mismo acto de denuncia donde se violenta más a las familias. Necesitamos ese acompañamiento como escudo, como garantía mínima de que su testimonio será escuchado sin represalias ni desprecio”, señaló Pérez Rodríguez.
El reclamo surge tras años de quejas reiteradas por omisiones graves por parte de autoridades ministeriales en todo el estado. En municipios como Villa de Reyes, Tamazunchale y Ciudad del Maíz, colectivos han documentado múltiples casos donde las familias piden ayuda para buscar a sus seres queridos, pero temen formalizar la denuncia por miedo a represalias o maltrato institucional.
Además, Pérez Rodríguez criticó la falta de acción de la CEDH ante el aumento de desapariciones, al señalar que informes y expedientes sobre casos siguen sin ser atendidos o actualizados, y que la institución carece de una visitaduría especializada con personal y recursos dedicados exclusivamente a estos casos.
“No hay personal suficiente, no hay combustible, no hay vehículos, no hay voluntad política. Lo que hay es abandono. Y sin respaldo, ¿cómo pedirle a una madre que denuncie si sabe que puede ser revictimizada o amenazada?”, cuestionó.
El colectivo también ha denunciado que, ante esta ausencia de acompañamiento estatal, son los propios familiares quienes deben asumir tareas de búsqueda, protección y denuncia pública.
“Antes al menos había algo de respaldo institucional, hoy ya ni eso. Por eso es urgente que la CEDH esté presente, no como un trámite, sino como garante real de derechos. Porque cada denuncia que no se logra levantar es una vida que queda en el limbo institucional”, insistió la presidenta de Voz y Dignidad.
Pérez Rodríguez advirtió que, mientras no haya cambios estructurales y voluntad institucional para garantizar denuncias seguras y dignas, el subregistro de personas desaparecidas crecerá, dejando fuera de los conteos oficiales a cientos de víctimas.
“Lo que no se denuncia, no existe para el Estado. Y así la tragedia queda enterrada bajo cifras falsas. Sin justicia, sin verdad, sin reparación. Exigimos presencia y acción inmediata de la CEDH para proteger a quienes aún se atreven a buscar”, concluyó.
