María Ruiz
Desde tempranas horas de este día, piperos de distintos municipios del estado realizaron una manifestación pacífica sobre la carretera federal 57, en el tramo San Luis–Matehuala, a la altura del kilómetro 5, cerca de la Glorieta Juárez, lo que provocó afectaciones viales en ambos sentidos.
Alrededor de las 7:30 de la mañana, decenas de pipas comenzaron a concentrarse en los carriles con dirección a Matehuala y hacia la capital potosina, formando filas que alcanzaron hasta kilómetro y medio de longitud, lo que ocasionó tráfico lento y retornos lejanos para los automovilistas.
Los manifestantes señalaron que la movilización fue convocada desde días atrás y que no emitirían declaraciones formales hasta la conferencia de prensa programada para las 9:00 horas.
Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad acudieron al lugar para dialogar con los piperos y coordinar acciones de resguardo, priorizando que el movimiento se mantuviera sin incidentes y con las menores afectaciones posibles a la ciudadanía.
De acuerdo con los representantes del gremio, el motivo de la protesta es la reciente aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, específicamente el artículo 123 Bis, el cual —aseguran— criminaliza el transporte de agua, al catalogarlo como un delito federal.
Señalan que esta disposición pone en riesgo su actividad laboral y el sustento de miles de familias en todo el país.
“No vendemos agua, vendemos un servicio. Transportamos el vital líquido a donde el gobierno no llega”, expresaron integrantes del movimiento, quienes advirtieron que, de aplicarse la ley como está redactada, hospitales, viviendas y obras públicas podrían quedarse sin suministro.
Durante la manifestación, Raúl Torres Mendoza, líder del gremio pipero, informó que en San Luis Potosí participan más de 550 piperos, aunque inicialmente se había convocado a 150 unidades, mientras que el impacto de la reforma afecta a más de 175 mil piperos a nivel nacional.
Torres Mendoza detalló que ya se enviaron oficios a la Presidencia de la República, a la Fiscalía General de la República, a legisladores federales y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en los solicitan la modificación de los artículos transitorios antes de que la ley entre plenamente en vigor, plazo que estimó en alrededor de 140 días.
Asimismo, denunciaron la clausura de pozos en municipios como Soledad de Graciano Sánchez, lo que “agrava la crisis”, ya que actualmente no existen pozos autorizados para la carga de pipas.
Los manifestantes advirtieron que, de no recibir respuesta por parte de Conagua antes de las 15 horas, podrían movilizarse en caravana hacia otras vialidades principales de la zona metropolitana, aunque reiteraron que su protesta se mantendrá de manera pacífica.
