María Ruiz
El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que él mismo fue quien ordenó que la sindicatura del Ayuntamiento de San Luis Potosí promoviera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la aplicación de la reforma de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Galindo Ceballos argumentó que esto se debe a que la reforma le impide ejercer libertad hacendaria y el principio de autonomía del Gobierno de la capital.
“Tengo autonomía constitucional, está validada en la Corte. Tengo autonomía constitucional para dirigir el Ayuntamiento y desde luego para conducir el presupuesto como me lo autorizó el Cabildo, la propia Ley de Ingresos y el Congreso [del Estado]”.
Estas reformas de ley fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, las cuales señaló limitan el ejercicio del gasto público 2023 de la capital.
En este sentido, Galindo Ceballos indicó que San Luis Potosí no es la única capital que ha recurrido a esta atribución legal.
“Hay otras ciudades e incluso estados que han presentado controversia constitucional. Hay otros organismos que han presentado controversia constitucional. Cuando menos yo tengo en mente entre 12 y 14, una de ellas fue Chihuahua”, dijo.
Por último, el edil compartió que el plazo para presentar la controversia cerró el día de ayer, 7 de febrero, con “la visión primordial de respetar la autonomía municipal en todos sus extremos”.
