Fernanda Durán
El Ejecutivo estatal presentó al Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Educación con la que busca establecer nuevas reglas para la publicidad de servicios educativos privados, así como ampliar las facultades de supervisión y sanción de la autoridad estatal.
La propuesta firmada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona; el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez; y el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, se sustenta en irregularidades detectadas en instituciones privadas, entre ellas el uso indebido de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE), oferta de programas sin autorización y esquemas de publicidad que no corresponden con la realidad académica de los planteles.
En este contexto, la iniciativa plantea que toda publicidad educativa deberá cumplir con criterios de veracidad, claridad y verificabilidad, además de evitar inducir a error. También establece la obligación de registrar previamente la publicidad y de incluir datos específicos sobre el estatus legal de los estudios ofertados.
Sin embargo, el proyecto delimita que la supervisión estatal en estos casos se faculta únicamente al ámbito educativo, mientras que aspectos relacionados con protección al consumidor permanecen bajo competencia federal, lo que mantiene la fragmentación en la vigilancia de estos servicios.
La iniciativa también incorpora nuevas obligaciones para instituciones sin RVOE, como advertir expresamente su condición en la publicidad, registrarse ante la autoridad estatal y solicitar autorización para difundir sus servicios.
En materia de inspección, se propone un esquema que distingue entre visitas ordinarias, realizadas al menos una vez al año, y extraordinarias, estas últimas cuando existan indicios de infracciones o riesgos para los estudiantes. Asimismo, se prevé la realización de verificaciones en trámites de incorporación o modificación de autorizaciones.
El proyecto también abre la posibilidad de que usuarios presenten quejas que deriven en acciones de vigilancia, incluso en casos de incrementos en los costos educativos que no estén debidamente justificados.
En cuanto a sanciones, se amplía el catálogo de infracciones, incluyendo la difusión de publicidad con datos inexactos o sin registro previo, así como la obstaculización de inspecciones. Las multas propuestas van de 500 a 7 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), y en casos graves o reincidentes se contempla la revocación del reconocimiento oficial de estudios.
Adicionalmente, se faculta a la autoridad para ordenar el retiro de publicidad, suspender información y colocar advertencias visibles en los planteles, lo que refuerza su capacidad de intervención directa.
Como parte del procedimiento sancionador se introduce la figura del allanamiento, mediante la cual las instituciones pueden reconocer la infracción y aceptar la sanción para concluir anticipadamente el proceso administrativo.
La iniciativa también prevé el cobro de derechos por servicios administrativos vinculados al registro y supervisión de publicidad educativa, trasladando parte del costo operativo a los particulares.
De aprobarse, la SEGE deberá emitir lineamientos, mientras que las instituciones tendrían un plazo de 90 días para adecuarse a las nuevas disposiciones.
