Por: Eduardo Delgado.
En el hotel museo Palacio de San Agustín, Federico Garza Herrera, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, desayunó con dueños y directivos de medios de comunicación local, a quienes este viernes les habría dejado en claro: “No seré tapadera de la anterior administración”.
Posteriormente, en la sala Manuel Gómez Morín, a los legisladores les esbozó: “Comparezco en los términos que la propia ley establece; he efectuado una protesta a la cual me someto y mi misión preponderante es decir la verdad, porque no somos tapadera de nadie”.
Aseveración que a más de uno de sus interlocutores, en el Palacio de San Agustín, les recordó al ex presidente municipal capitalino, Mario García Valdez, que en octubre de 2012 ofreció no ocultar nada de su antecesora, Victoria Labastida Aguirre, y no la tocó ni con el pétalo de una flor.
Tampoco faltó quien anticipó la remota posibilidad de ver algún día tras las rejas a más de un ex colaborador del ex gobernador, Fernando Toranzo. ¿Por qué no considerar que Miguel Ángel García Covarrubias y Cándido Ochoa Rojas, deberían ser los dos primeros?…pues ambos apadrinaron la corrupción en esa dependencia. Seguro Garza Herrera lo ha constatado durante los veinte y tantos días que lleva en el cargo. Como la padecieron las víctimas de delito durante el sexenio anterior.
A la mamá de Karla Pontigo Luccioto, Esperanza Luccioto, la trataron como delincuente. Por citar un caso, porque fueron muchos más, documentados incluso por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Me dijeron que ya no le estuviera moviendo porque si no me iba a pasar lo que a mi esposa”, declaró Diego Santiago Pazarón, cabo conductor del ejército, cuya cónyuge y dos hijas fueron “levantadas” en agosto de 2010 en Ciudad Valles. Su esposa y una hija fueron halladas muertas; la otra sigue desaparecida.
En su presentación ante miembros de la LXI Legislatura Local, Garza Herrera les reportó que lo primero que ordenó al llegar a la Procuraduría fue retirar de la entrada a esa dependencia “un cerco de seguridad que estaba a la entrada, por considerarlo intimidatorio”.
Porque quien iba a interponer una denuncia “se topaba primero con un oficial que le preguntaba por qué y a qué iba”. Le faltó referir que incluso les pedían credencial de elector y la escaneaban. Eso de forma.
De fondo, dijo, los Ministerios Públicos fueron sometidos a un examen de conocimiento sobre el nuevo sistema penal acusatorio y la mayoría reprobó.
Un buen amigo de Cándido Ochoa, el panista Héctor Mendizábal Pérez, confió en la corrección “de muchas deficiencias que algunos hemos padecido”. Advirtió también que durante los dos últimos meses, incluso antes del cambio de administración, “el tema de la inseguridad volvió a cobrar auge”.
Manuel Barrera, quien apadrinó al “ex vice gobernador” para que este asumiera una curul en San Lázaro, donde Cándido goza de fuero, expuso que es muy bajo el índice de denuncias por el elevado grado de desconfianza en la procuración de justicia.
“No es además ajeno al dominio público que en Procuraduría hay prácticas que lesionan a litigantes y ciudadanos. ¿Cómo va extinguir esas prácticas?…me refiero a la corrupción que existe”, añadió.
Enseguida refirió dos casos emblemáticos de la ineficiencia de la procuración de justicia durante el sexenio anterior: Karla Pontigo y el otro el de la perito de la Procuraduría, desaparecida hace un año junto con su hija de ocho meses. Asuntos que “se arrastraron durante toda una administración”, refirió.
Vera Fábregat, primero, se deshizo en elogios al Procurador por “el gran” equipo de colaboradores que integró y enseguida advirtió que no creer en la procuración de justicia equivale a desconfiar de la biblia.
El panista Jorge Luis Díaz Salinas felicitó al Procurador, porque “desafortunadamente hace dos días tuvimos que ir a su oficina, ya tarde, sin embargo estaba usted trabajando y eso habla muy bien de usted”.
Oscar Bautista Villegas, como buen priísta, reconoció algo que quizá dos meses atrás no se habría atrevido a referir, por temor a causarle un disgusto al ex jefe Cándido Ochoa: “Definitivamente el tejido social, en todo el Estado, tiene dolor por la falta de la impartición de la justicia”.
Garza Herrera procedió a contestar la primera ronda de preguntas y entre sus respuestas confirmó que en materia de seguridad “hay una descomposición” y “no podemos negar que hay inseguridad en el Estado”, remató.
Refirió que no hace mucho se reunió con un grupo de abogados y les instó a denunciar a quienes les exigían el pago de cuotas para agilizar la integración de averiguaciones. “Lo que hacían era a lo mejor una forma muy particular de quienes estaban a cargo de la procuración de la justicia”, explicó.
En adelante, advirtió, “se requieren fiscales de a deveras y pagarles bien”, porque “la corrupción, en muchos casos, se da porque el salario es muy pobre”, juzgó.
Por si fuese poco, reveló, “tenemos problemas de personal; la Policía Ministerial tiene alrededor de 600 elementos y más o menos la mitad trabaja en labores administrativas. De Seguridad Pública nos prestan 106 elementos”, abundó.
Durante la segunda ronda de preguntas, otro buen amigo, más bien discípulo de Cándido Ochoa, J. Guadalupe Torres Sánchez, criticó que en un módulo de la Procuraduría se integraban expedientes ficticios con la finalidad de orquestar fraudes.
En resumen, Garza Herrera expuso ante los dueños de los medios de comunicación un diagnóstico de las condiciones en que recibió la dependencia, pero no tan extenso como el expuesto a los legisladores.
