María Ruiz
Las detenciones arbitrarias son una práctica que se reproduce de manera cotidiana en San Luis Potosí; esto transgrede las garantías de los ciudadanos y viola las libertades personales de los mismos.
El Observatorio Nacional de Detenciones Arbitrarias (ONDA) dio a conocer las circunstancias base por las que el abuso de autoridad se ha convertido en una violación creciente y constante a los Derechos Humanos de las y los potosinos durante los últimos dos años.
La maestra en Derechos Humanos e investigadora perteneciente al ONDA, Mariana Prieto Montañez, reconoció que San Luis Potosí es una espiral de agresiones que se dan a través del abuso del orden judicial, dónde elementos de la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional, son los que más incurren en esta mala práctica.
El año pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) registró un total de 98 quejas por detenciones arbitrarias, de las cuales 43 pertenecían a elementos policiales de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM).
En este año las cifras cambiaron, pues según las estadísticas proporcionadas por ONDA, se realizaron —hasta principios del mes de diciembre— 84 quejas ante la CEDH por detenciones arbitrarias, de las cuales 27 fueron realizadas por parte de elementos de la Policía Municipal de la capital.
Sin embargo, la especialista recalcó que, a pesar de la baja de este tipo de incidencias, los casos de detención arbitraria se ejercieron con mayor brutalidad y violencia.
“Detectamos que hubo mayores detenciones arbitrarias hacia mujeres, sobre todo por parte de la Policía Municipal y la Guardia Nacional. Esto también nos da un indicador de que la violencia de género prevalece y va al alta en este tipo de malas prácticas. La violencia se volvió más específica, donde incluso existió tortura y vejaciones infrahumanas hacia las víctimas”, indicó.
Las detenciones arbitrarias en San Luis Potosí, remarcó la investigadora, exhiben una incompetencia total y las deficiencias de la seguridad pública, y cómo estas articulaciones que se dan entre los mismos elementos policiales favorecen a la criminalización de las personas y el espacio público.
“Hay que tener en cuenta algo, San Luis Potosí se destaca porque sus elementos de seguridad pública hacen uso de la fuerza para cometer actos lacerantes que van desde ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura y malos tratos. Siempre motivados por una condición de discriminación”, señaló.
Es decir, ONDA detectó que en la entidad las personas que suelen ser víctimas de este tipo de detenciones son jóvenes pertenecientes a zonas periféricas, de alta marginación y vulnerabilidad, y que además enfrentan una condición económica de pobreza alta.
“Existe un contexto general donde son las personas jóvenes a las que se les atribuyen rasgos negativos y por ende son señaladas como peligrosas, propiciando que sean objeto de control. Esto se debe a una situación social que denominamos ‘fascismo territorial’, en la cual, bajo una lógica de poder, las personas marginadas y precarizadas son detenidas arbitrariamente”.
Panorama del abuso de poder policial en SLP
El panorama que rodea al estado de San Luis Potosí referente a este tipo de detenciones es preocupante. Según lo diagnosticado por el ONDA, las autoridades de seguridad pública han manifestado que se trata de acciones preventivas de conductas delictivas.
Sin embargo, la especialista e investigadora Jutzui Cruz señaló que este tipo de detenciones facilitan la privación de los derechos humanos ante una práctica de justicia y seguridad pública punitiva.
“El incremento de inseguridad y de la violencia que impactan al estado de San Luis Potosí afectan a la comunidad en general, pero son las juventudes quienes enfrentan mayormente estas problemáticas, pues se convierten en sospechosos y generadores de conflictos. Para la autoridad esto es la fórmula perfecta para justificar las detenciones arbitrarias”, manifestó la experta.
Esto evidencia conductas que avalan el uso excesivo de la fuerza y una incompetencia por parte de elementos de seguridad, que a su parecer desconocen que sus funciones deben estar apegadas a todo marco de legalidad.
Por su parte, la maestra Prieto Montañez expuso que la mayoría de las quejas levantadas ante los organismos defensores de los derechos humanos suelen quedar impunes. Por ende, sería necesario que autoridades municipales y estatales garanticen regulaciones claras dirigidas específicamente a las corporaciones policiacas.
“Se tiene investigado que la Policía Municipal de la capital es la que más incide en este tipo de detenciones y la que más hace uso de la fuerza. Es necesario evaluar y capacitar a las y los elementos de esta corporación de manera constante”, apuntó.
De igual forma, señaló que este año las corporaciones de seguridad pública, tanto estatal y municipal, realizaron operativos en áreas de la zona metropolitana donde impera un contexto social vulnerable que agravó la visibilidad de las detenciones arbitrarias que se llevaron a cabo.
Por ello, crearon “Sindea” una app que permite a sus usuarios reportar en tiempo real una detención arbitraria o ilegal, para posteriormente, y con acompañamiento del ONDA, presentar una queja ante la CEDH.
Gracias a esta aplicación, ONDA detectó que en el estado de San Luis Potosí y su capital estas malas prácticas se dan en espacios públicos de la periferia por “actitud sospechosa” y aspecto físico de las personas.
“Tenemos recabada información en donde diversos municipios del estado, incluyendo la capital y Soledad de Graciano Sánchez, se dan más este tipo de detenciones que nacen por el aspecto físico de las personas. Es decir, se detiene a jóvenes con ‘aspecto pandilleril’ a los cuales someten y detienen, creando así un estado de estigmatización dirigido a esta población”, mencionó Jutzui Cruz.
También en los municipios de Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Salinas, Matehuala, Ciudad Valles, Cerritos y Axtla de Terrazas se registraron este tipo de detenciones, cometidas por elementos de la Policía Municipal y Estatal.
Actualmente en la entidad, y por medio de esta aplicación, se pudo constatar que cinco de las 27 quejas levantadas hacia elementos de la Policía Municipal, solo a cinco se les ha dado seguimiento por alguna comisión de Derechos Humanos.
“Las detenciones arbitrarias no están contempladas en la Constitución Política de México, ni en Códigos Penales [federal y locales], por lo que el Estado solo reconoce las detenciones ilegales. Las comisiones de Derechos Humanos son las autoridades que llevan un registro de las detenciones arbitrarias, pues estos actos limitan, restringen o dificultan el ejercicio de los derechos humanos”, precisaron las expertas.
Es por ello que este observatorio insiste en que las autoridades tanto municipales, estatales y federales, implementen medidas efectivas para asegurar que los elementos pertenecientes a cada corporación no realicen arrestos o detenciones basadas en la condición social de los individuos, su aspecto físico, origen étnico o cualquier otro motivo discriminatorio.
“Son policías con paulatina capacitación, evaluación y desarrollo profesional, que se enfrentan a condiciones laborales sin ninguna perspectiva de género, ni capacitaciones y una sobrecarga de trabajo”, subrayan.
Por último, recalcaron que en el estado, desde el 2015, se han detectado este tipo de irregularidades cometidas por elementos policiales.
“Parece ser que ha ido a la baja, pero sabemos, porque lo hemos detectado e investigado, que muchas detenciones arbitrarias no concluyen en una queja ante cualquier comisión defensora de los derechos humanos. En el año 2015 se realizaron 138 quejas; en 2016, 51 quejas; en 2017, 94 y en 2018 se realizaron 67”, aseveraron.
