Fernanda Durán
Desde una lectura político-democrática, la reforma electoral aprobada en San Luis Potosí que obliga a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027, representa un riesgo para principios básicos de la competencia democrática, advirtió el politólogo Juan Mario Solís, coordinador académico de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
En entrevista, el académico señaló que, aunque la intención de la reforma es fortalecer la participación política de las mujeres, su diseño plantea problemas en términos de igualdad de derechos políticos.
“En el ánimo de favorecer a las mujeres, se está incurriendo en un grave problema con relación a la igualdad de hombres y mujeres”, expresó, al advertir que se restringe el derecho de competir en elecciones a partir del género.
Solís reconoció que San Luis Potosí, como otras entidades, no ha tenido mujeres en la gubernatura, pero imponer el género de quienes pueden contender no es el camino adecuado para corregir esa desigualdad. A su juicio, existen numerosos ejemplos nacionales e internacionales que muestran que las mujeres pueden acceder al poder bajo reglas de competencia abierta.
Citó casos como el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como los de Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil, Angela Merkel en Alemania y Margaret Thatcher en Reino Unido, quienes llegaron al poder sin normas que excluyeran a los hombres de la contienda.
Desde el punto de vista del calendario electoral, el politólogo consideró que el momento de la reforma no es problemático en términos operativos, pues aún existe margen de tiempo para su instrumentación rumbo a 2027.
Sin embargo, cuestionó el criterio con el que fue diseñada desde el órgano electoral al considerar que las y los consejeros del Consejo Estatal Electora y de Participación Ciudadana (Ceepac) actuaron más bajo una lógica de corrección política que desde una visión estrictamente democrática orientada a garantizar procesos equitativos entre aspirantes.
“El timing puede ser adecuado, pero me parece que se ha actuado más por ser políticamente correctos que por una visión plenamente democrática de garantizar procesos equitativos”.
Uno de los riesgos que subrayó Solís es que la imposición del género en la candidatura a la gubernatura puede generar nuevas asimetrías y abrir espacios para simulaciones. Al ser cuestionado sobre si existen mecanismos reales para evitar prácticas como las registradas en el municipio de Venado durante el proceso electoral de 2024, el politólogo advirtió que, bajo el marco actual, resulta prácticamente imposible establecer delimitaciones claras sin abrir debates aún más complejos.
Recordó que el propio sistema electoral ya enfrentó casos controvertidos cuando personas se autoadscribieron a un género para cumplir con acciones afirmativas, una condición que no puede ponerse en duda sin entrar en conflictos mayores sobre las definiciones mismas de género. En ese contexto, imponer reglas sin criterios precisos puede derivar en vacíos difíciles de controlar.
“El hecho de imponer las cosas es peligroso y genera asimetrías; los iguales ya no son tan iguales”.
Cuestionado sobre los antecedentes en materia de paridad, el académico distinguió entre las disposiciones administrativas y las reformas legales: hasta ahora, los avances en gubernaturas encabezadas por mujeres se han logrado principalmente mediante lineamientos generales del Instituto Nacional Electoral (INE), no a través de leyes que impongan de manera directa el género de las candidaturas. Estos criterios, han permitido alternancias sin necesidad de modificar constituciones locales.
En el caso específico de San Luis Potosí, Solís advirtió que la reforma aprobada parece tener un destinatario político concreto, lo cual resulta especialmente delicado en cualquier sistema democrático.
“Esta reforma específicamente en San Luis Potosí parece que tiene un aire muy orientado a beneficiar a una persona en específico, y eso también es muy peligroso para cualquier democracia”.
Sobre el futuro jurídico de la reforma, anticipó que el tema será inevitablemente judicializado y terminará en instancias federales, donde se confrontarán criterios legales con el contexto político nacional.
Sobre otros cambios incluidos en la reforma impulsada originalmente por el Ceepac como la modificación del formato de debates, que elimina los debates distritales para concentrarlos en el ámbito municipal, Solís se mostró escéptico sobre su impacto real. A su juicio, los debates han perdido relevancia como herramienta para informar al electorado, al haberse convertido en espacios rígidos o dominados por ataques personales, sin que ello influya de manera determinante en las preferencias ciudadanas.
Finalmente, el académico sostuvo que cualquier reforma electoral debe evaluarse a partir de su impacto en los principios que sostienen la competencia democrática, la cual se sostiene en cuatro pilares fundamentales: libertad, igualdad, respeto y pluralidad.
“Cuando uno de esos pilares está trastocado, nuestras democracias no pueden funcionar adecuadamente”, señaló, al subrayar que garantizar el derecho de todas las personas con ciudadanía a competir por cargos públicos es una condición indispensable para preservar la calidad democrática.
