Alejandra Valdés Martínez / Foto de archivo

Leticia Vaca

Diputadas de Morena habrían votado en contra de las iniciativas para despenalizar el aborto, por presión social y amenazas, consideró la diputada Alejandra Valdés Martínez, promovente de una de las propuestas.

Además, recordó que tanto Angélica Mendoza Camacho, presidenta de la Comisión de Salud, así como María del Consuelo Carmona Salas, firmaron como promoventes de la iniciativa que presentó el diputado Pedro César Carrizales Becerra, pero votaron en contra.

“Se supone que mis compañeras han sido promoventes de una de estas iniciativas, es un poco cuestionable o tal vez sea que hay mucha presión por este tema, hay muchas amenazas, hemos sufrido atentados, hemos visto como se han puesto hasta mantas en contra de nosotros y a lo mejor esa presión social es la que ha hecho que algunos diputados voten en contra (…) sabemos que este tipo de grupos provida, lo vimos cuando se votó lo de los matrimonios igualitarios, las amenazas que recibimos, yo he recibido hasta amenazas de muerte por redes sociales”, añadió.

Aunque reconoció que el panorama no es aumentador, dijo que esperarán a que las iniciativas se lleven al Pleno y, de ser rechazadas, se interpondría un acto de inconstitucionalidad, “porque se estarían violando todos los tratados internacionales que hay materia de derechos humanos”.

Aparte, a través de Facebook, Marea Verde SLP advirtió que los dictámenes para la despenalización del aborto en San Luis Potosí se subirán al Peno “pronto”, sin embargo la Comisión de Salud dictaminó en contra pese a que “se considera que ambas iniciativas enuncian derechos humanos de las mujeres, alineándose con las recomendaciones de pactos, convenciones y protocolos aplicables en favor de las mujeres, entre ellos la CEDAW, la Comisión Belem do Pará y la Comisión Americana de los Derechos Humanos (Opinión emitida por el IMES el 24 de agosto de 2019)”.

Además se incluye la opinión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que se expone que “el reconocimiento del derecho a la interrupción legal del embarazo constituye una adecuación normativa que, en caso de aprobarse, contribuirá a la armonización de la legislación local con los tratados internacionales que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado”.

Ambas opiniones, se evidenció, fueron entregadas a todos los integrantes de la LXII legislatura, pero se advierte que quienes votaron en contra no las leyeron, de lo contrario “se pensarían dos veces su dictamen, pues termina siendo violatorio de los derechos de las mujeres”.