Angélica Campillo
Nueve burócratas afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado (SITTGE) presentaron su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), derivado de agresiones por parte policías estatales durante el desalojo de la protesta que mantenían frente al Museo Francisco Cossío el pasado 22 de noviembre.
Los afectados argumentaron que la denuncia se deriva de los abusos que sufrieron por parte de la fuerza pública durante el desalojo a su plantón, sin presentar la orden judicial, específicamente a las agresiones físicas, verbales, amenazas, daño a sus vehículos y el robo de sus teléfonos celulares.
La secretaria general del SIITGE, Ana Verónica López Chávez, demandó a la FGE actuar con total independencia del titular del Poder Ejecutivo, Ricardo Gallardo Cardona, a fin de que se investigue con veracidad y legalidad las denuncias presentadas por las y los trabajadores afectados, para sancionar a los responsables.
Asimismo, el SITTGE denunciará el robo de los toldos, sillas y catres que tenía en el sitio de la protesta, y solicitará la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para garantizar la integridad de las y los afectados en el proceso, ya que aseguraron que cuando fueron agredidos, no estuvieron presentes sus observadores.
Se dio a conocer que el exdiputado Jorge Luis Miranda Torres, suplente de Enrique Alejandro Flores Flores, fue quien el pasado 15 de noviembre presentó una denuncia en contra del plantón del SITTGE, asumiéndose como víctima del presunto delito de ataques a las vías de comunicación, sin que demostrara el supuesto daño que esta obstrucción le causó.
A consideración de la secretaria general del SITTGE, el proceso legal que derivó en el desalojo fue realizado de manera irregular y con una rapidez inusitada, pues tardaron tres días, desde que se presentó la querella hasta que el juez instruyó el retiro con el uso de la fuerza pública el 18 de noviembre.
No obstante, el SITTGE envió el 27 de septiembre más de 200 oficios al Gobierno del Estado, para atender la situación de las y los trabajadores despedidos, y de los policías discapacitados acosados sin que, 72 días después, haya habido respuesta oficial.
Además, López Chávez refirió que el Comité Ejecutivo del Sindicato acudirá a instancias nacionales e internacionales para demandar la protección integral de la tesorera sindical, Francisca Reséndiz Lara, y de su familia, ante la persecución política que realiza en su contra el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
En ese contexto, solicitaron al mandatario cesar sus actos de intimidación, discriminación y violencia política, institucional y de género, así como las campañas de desprestigio.
Dijeron confiar en que el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, le brinde protección a su persona.
De igual forma, apuntó que también pedirán protección para los miembros del Comité Ejecutivo y de los afiliados al SITTGE, y responsabilizarán al gobierno estatal de cualquier represalia, agresión, hostigamiento, violencia o discriminación en su contra, por la defensa que realizan a favor de Reséndiz Lara.
Los integrantes del SITTGE señalaron que se mantienen en la disposición para instalar mesas de trabajo conjuntas entre sindicato y autoridad estatal, para iniciar el proceso de solución a todas las demandas laborales generales y particulares, dentro de la ley, en un proceso abierto y transparente, ya que si bien la administración de Gallardo Cardona asegura que ha dialogado con la representación laborista, no hay ni han habido encuentros tendientes a resolver cada problemática de los trabajadores.
