Desiree Madrid
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí otorgó una concesión de servicio público de transporte a Sandra Martínez Ávila, en cumplimiento estricto de la sentencia de amparo 1541/2022-V y del recurso de inconformidad 23/2025.
La decisión, formalizada mediante un acuerdo emitido por el gobernador y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de octubre de 2025, representa un hecho histórico que sienta un precedente en la lucha por la equidad de género dentro del sector transporte.
La concesión fue asignada en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo para operar en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, dentro de la convocatoria lanzada en 2020.
Uno de los aspectos más relevantes de esta resolución judicial es que ordena otorgar la concesión sin aplicar el requisito de antigüedad, previsto en el artículo 40, fracción I, de la Ley de Transporte Público del Estado.
El Poder Ejecutivo estatal justificó esta decisión como una acción afirmativa, al considerar que busca compensar la desigualdad estructural que históricamente ha enfrentado este sector de la población para acceder a concesiones de transporte público.
El documento establece que esta medida tiene efectos únicamente para la quejosa, en cumplimiento de la sentencia, y que responde a un mandato de reparación frente a la exclusión sistemática que han padecido las mujeres en este ámbito.
El caso de Sandra Martínez Ávila no es aislado, sino parte de un contexto más amplio de reclamos por equidad de género.
Desde 2020, un grupo de mujeres taxistas ha solicitado al Congreso del Estado que al menos el 50 por ciento de las concesiones se otorguen a mujeres, pues durante décadas la mayoría de los permisos han sido entregados a hombres, lo que consideran una violación a sus derechos.
En abril de 2023, dentro del juicio de amparo 1419/2022, una jueza de Distrito ordenó al Gobierno del Estado modificar la misma convocatoria para garantizar que 979 de las 1 mil 877 concesiones disponibles fueran destinadas a mujeres. En aquella sentencia se reconoció que el requisito de antigüedad operaba en su contra y debía corregirse mediante acciones afirmativas.
El acuerdo mediante el cual se otorgó la concesión fue emitido este 15 de octubre y notificado tanto a Sandra Martínez Ávila como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, con el propósito de expedir y entregar el título correspondiente.
