Estela Ambriz Delgado
Representantes de la comunidad de San Marcos Carmona presentaron una demanda para la protección de sus derechos político-electorales, para que el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona constituya un área de atención de Asuntos Indígenas, y realicen las consultas correspondientes para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo.
Además de que, a propuesta de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que les ha asesorado en la defensa de su territorio y el río Calabacillas, piden que a este juicio se incorpore el enfoque del Acuerdo de Escazú, que obliga a los estados a garantizar el derecho de las comunidades a la participación política en temas ambientales.
Las y los comuneros acudieron al Tribunal Electoral del Estado el lunes 12 de enero para promover un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía (JDC), acompañados del doctor Guillermo Luévano Bustamante, quien dio en entrevista diversos detalles sobre lo que San Marcos solicita.
Indicó que la primera petición es la consulta pública, previa, libre y culturalmente adecuada para integrar el Plan Municipal de Desarrollo, ya que dado el reconocimiento de San Marcos como una comunidad indígena en noviembre de 2024, por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), tiene derecho a ser consultada.
En este sentido, puntualizó que a pesar de que se le notificó oportunamente a la autoridad municipal, en cuanto obtuvieron su reconocimiento previo a la entrada de la administración 2024-2027, no hizo las consultas previas a las que le obliga la Ley de Consulta Indígena estatal.
De acuerdo a la normativa, se tiene que hacer una consulta libre, previa e informada y culturalmente adecuada, sobre todos los aspectos que interesen a la comunidad, y que en el caso de San Marcos en particular le interesa lo relacionado con la defensa de su territorio y los derechos ambientales, y por lo tanto está asociado con la defensa del río Calabacillas.
“Si ellos hubieran participado en ese Plan Municipal de Desarrollo, hubieran tenido la oportunidad de plantear algunas medidas de protección para el río, que limiten el desarrollo de las obras inmobiliarias o de los fraccionamientos, ahí donde están afectando derechos ambientales y también culturales de San Marcos”, puntualizó el abogado e investigador.
El segundo reclamo es la conformación de una unidad o dirección de asuntos indígenas, de acuerdo con la ley reglamentaria del artículo 9 de la Constitución Política del Estado. Esta previene que los ayuntamientos en donde haya población indígena deben contar con una, y el Ayuntamiento de Mexquitic no lo tiene.
Respecto al tercer planteamiento, Luévano Bustamante señaló que como parte del trabajo que se hace desde la Clínica de Litigio, se propone algo novedoso y que responde a las necesidades de San Marcos: la incorporación del enfoque del Acuerdo Escazú.
Hizo mención de que México suscribió este tratado internacional, el cual protege la participación política en temas ambientales, y lo que se le pide al tribunal es que en el JDC que se abre con esta demanda, se incorpore también este enfoque de la protección tanto a defensores comunitarios y ambientales, como a la protección de la participación política en las decisiones que tienen que ver con su territorio.
El catedrático informó que el mismo lunes solicitaron audiencia con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Denisse Porras Guerrero, quien los recibió fue enterada de viva voz de algunos habitantes de la comunidad de la situación. Le plantearon su interés y su preocupación en que no se les ha consultado y no se les permiten los medios para participar políticamente en estos temas ambientales y la necesidad de la unidad.
En relación al amparo previo sobre los mismos reclamos, presentado en octubre de 2025, dijo que en antecedentes de otros casos identificaron que los instrumentos legales no son incompatibles, como lo ha sostenido la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Además de que, dado que este juicio electoral no requiere un especial desahogo, tiene una tramitación mucho más expedita, por lo que tienen la expectativa de que en pocos días puedan obtener una resolución.
En caso de ser favorable para la comunidad, tendría que ordenar al Ayuntamiento que constituya la unidad y realice la consulta, sólo con las personas que se han identificado como integrantes de esta comunidad indígena.
“Esperamos la resolución favorezca y ordene al Ayuntamiento en breve termino para la unidad y en breve emprender los trámites preparatorios para la consulta, porque es todo un procedimiento, 30 días antes deben proveerles la información que tenga el ayuntamiento, es decir, presupuestos, planes, programas que haya diseñado, tanto programas sociales como las políticas públicas que estén considerando para este trienio o lo que queda, y en todas las áreas que deben consultarse a las comunidades indígenas, en todos los programas, no nada más es un tema específico sectorizado sino transversal, a todas las áreas y las decisiones, ellos tendrán la oportunidad de manifestar sus intereses y preocupaciones y reclamos”.
Finalmente, confirmó que las obras que “Promotora y Proyectos Proaljo” y otras inmobiliarias realizan en el cauce del río siguen avanzando, pese a la suspensión judicial que ya tiene San Marcos desde hace más de dos años.
