Ciudad de México (19 de abril de 2016).- A pesar de que el jefe de una banda de secuestradores lo señaló como su cómplice y de que cuatro de sus víctimas lo identificaron, un tribunal federal de Toluca dejó en libertad a uno de los integrantes de la banda de plagiarios de Los Rojos, que raptó y asesinó a la joven Silvia Vargas Escalera, hija del extitular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Nelson Vargas.
Y lo hizo por un “tecnicismo”, al considerar que el delincuente identificado como Isidro Solís Medina, El Chilo, no había tenido un abogado presente cuando lo reconocieron en la cámara de Gessel, por lo cual anuló todo el cúmulo de pruebas en su contra.
Este lunes, la activista Isabel Miranda de Wallace y el empresario Nelson Vargas reprocharon el actuar del Tercer Tribunal Colegiado Penal de Toluca, el cual determinó otorgarle la libertad a Isidro Solís Medina, miembro del grupo delictivo que operaba en Morelos, Guerrero y la Ciudad de México.
“Setenta tomos de burocracia, 10 tomos de evidencias periodísticas, videos, no puedo creer que no sean suficientes estas evidencias para poder sentenciar a estos infelices, que por razones de burocracia o económica estén libres”, dijo.
El empresario y la activista que lo ha apoyado desde que su hija Silvia fue raptada, llevaron el cúmulo de tomos que formaban parte de las pruebas en contra de Isidro Solís Medina.
Sin embargo, aseguraron, nada de eso sirvió después de años de trabajos e investigaciones.
“¿Qué esperamos del Poder Judicial de la Federación? Magistrado federal José Merced Pérez Rodríguez, es indignante lo que acaba usted de hacer; desgraciadamente, ministros de la Suprema Corte, máximas autoridades judiciales, a todos los muestran igual por un infeliz como este magistrado”, lamentó Vargas.
En un principio, al hombre lo habían sentenciado a 34 años con 6 meses de prisión; sin embargo, tras apelar la sentencia, el magistrado Pérez Rodríguez estableció que la ley debía aplicarse en forma retroactiva en favor del secuestrador y por lo tanto invalidar la identificación del delincuente, ya que éste no contaba con abogado durante la diligencia en la cámara de Gessel.
En opinión de Miranda de Wallace, El Chilo debió haber sido sentenciado con base en las reglas del anterior sistema escrito, que no preveía esta excepción.
Por ello, la activista hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal, para que las autoridades judiciales eviten aplicar estos criterios en forma retroactiva en favor de los secuestradores, y tomar en cuenta los derechos de las víctimas.
Fuente: La Razón.
