Pozos, entre el vasallaje y la extorsión

Abelardo Medellín Pérez

Lo que ha pasado los últimos tres días en el tema de Villa de Pozos deja ver un reacomodo de intereses que da muestra de cómo el proyecto político de la Gallardía no “impulsa” a los municipios, sino que los conquista para luego explotar su potencial político.

Pozos, y se advirtió desde el principio, no recibió la categoría de municipio para hacer justicia a su población, sino para convertirla en una demarcación susceptible de ser intervenida y avasallada por el proyecto que dirige se dirige desde gobierno.

Las señales estuvieron ahí desde un inicio y la emoción por la nueva categoría distrajeron a la mayoría de los absurdos que se presentaron durante los meses previos y posteriores a la confirmación del ayuntamiento poceño.

Pese a que existía un interés específico de un grupo de habitantes porque la delegación se hiciera municipio, el proyecto en general fue impulsado y operado desde el gobierno estatal. Reuniones con la Secretaría General de Gobierno, posicionamientos recurrentes del Ejecutivo y un empujón dentro del Congreso del Estado por parte de los diputados del bloque oficial.

Tras una participación mínima, la delegación alcanzó su nueva categoría y desde entonces no ha dejado de parecer la avanzada Verde. Sin mediar razón se nombró a ex diputados del PVEM como titulares de concejerías y la Secretaría General del Ayuntamiento, el municipio se mostró abierto a recibir cualquier proyecto que sirviera de propagandas para el gobernador, y en uno de los episodios más obvios de su sumisión, el póster de los primeros festejos patronales bajo la nueva administración mostraba el logo del Gobierno del Estado como uno de los organizadores.

Ese logo aplicaba tanto entonces como aplica ahora.

Esta semana la condición del municipio se volvió más convulsa. En cuestión de horas se registró la renuncia de la presidenta concejal, la licencia para una diputada que se había anunciado como relevo, y apenas ayer en el Congreso se aprobó el otorgar la presidencia a dicha legisladora (con licencia aún), mientras que en las oficinas del ayuntamiento poceño los ciudadanos se mostraron en contra de la virtual imposición del perfil Verde de la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas.

La mañana de este viernes, el Congreso aprobó el nombramiento de la diputada como nueva concejal y con ello, al menos así lo aparentan, el movimiento paternalista que ha conquistado Pozos ensaya una nueva maniobra rumbo al 2027 y con claras pretensiones de lavar la imagen que durante los últimos meses no ha podido salvar la gestión de Teresa Rivera.

Esta nueva e irregular odisea supone de fondo dos problemas que, de forma clara, nunca fueron medios ni considerados por quienes operan desde Palacio de Gobierno.

Primero los motivos del cambio de estafeta. Si la estrategia busca, como se ha socializado, mover del cargo a un perfil que ya ha sido manchado con el tilde de incompetecia, el fallo de cálculo es pensar que los habitantes de Pozos van a adjudicar todos su problemas a la ex concejal, antes de la proyecto que la puso ahí.

Los poceños conocieron durante el último año a Teresa la presidenta, pero a su salida va a dejar detrás concejales, secretario, pendones, pintura y un discurso Verde, y ese no lo van a olvidar.

No van a olvidar que varias obras iniciadas por el Gobierno del Estado, no el municipio, quedaron pendientes o inconclusas; no van a olvidar que durante los primeros meses de su nueva categoría quedaron temporalmente sin servicios básicos y algunos de ellos hoy en día aún los padecen; no van a olvidar que, por imponer la voluntad Verde, tuvieron de representantes a concejales y funcionarios a personas que ni siquiera vivían las problemáticas de su territorio.

Esta nueva imposición, una más en una historia ya consolidada de abusos contra la población de Pozos, no se hizo bajo el agua, tras la puerta o en oscuridad, se hizo en público, a la vista de todos y con el usual estrépito que traen las pifias recurrentes del Ejecutivo.

El otro arista que el gobierno parece ignorar es que, aunque ellos lo consideren poca cosa, siguen dejando fuera de este proceso a la ciudadanía. Desde el inicio, el proyecto Verde estaba tan preocupado en ver si podían lograr crear un municipio, que no se preguntaron cómo lo harían o si el proceso era el adecuado.

Para el grupo en el poder, la participación ciudadana máxima que se puede permitir es la del plebiscito; ¿Ustedes quieren o no quieren? Y se acabó. No pueden decidir sobre su forma de organización, no pueden decidir sobre quiénes integran su Ayuntamiento y no pueden opinar sobre las chicanadas que se cometen contra su municipio.

A tal grado llegó el desprecio y control por la ciudadanía, que operadores con cargo oficial como Héctor Serrano llegaron al extremo de extorsionar públicamente a los concejales de Pozos. Ayer el diputado anunció que se tomarían acciones y debería revisarse a aquellos concejales que fueran contra la “gobernabilidad” del municipio.

La traducción más fiel de tan demagógica amenaza es: quien no interfiera con el proceso, se las tendrá que ver con la máxima autoridad de Pozos, es decir, la servidumbre Gallardista.

Si esa es la expresión que un diputado profesa contra los concejales de un ayuntamiento, ¿qué les espera a los habitantes de Pozos cuyo interés legitimo como ciudadanos ha sido despreciado una y otra vez por los intereses oficialistas?

Antes, los poceños debían navegar la condición de su nuevo ayuntamiento entre intereses externos y carencias; ahora, deben enfrentar el vasallaje y la extorsión, que traen consigo los reacomodos rumbo a la próxima elección.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.