Desiree Madrid
La presentación del libro Sin saberes feministas no hay derechos humanos no comenzó con una exposición académica, sino con un testimonio que colocó en el centro a las mujeres privadas de la libertad y a sus familias. Claudia tomó la palabra para hablar desde su experiencia como madre de una joven detenida.
“Es difícil, se lo digo desde mi lado como maternidad, en este caso como madre”, dijo frente al público, al describir cómo una detención no impacta solo a quien es procesada, sino a todo su entorno familiar.
Claudia relató que el proceso de su hija ha significado tres años de desgaste emocional y económico.
“He visto a lo largo de estos tres años muchos casos en los cuales no todas las chicas son culpables”, afirmó.
Señaló que, en numerosos expedientes, las mujeres son detenidas por estar “en el momento equivocado, a la hora equivocada, pero sobre todo con la persona equivocada”, una frase que resonó entre quienes escuchaban.
También expuso las consecuencias materiales que enfrentan las familias cuando las mujeres son trasladadas a centros penitenciarios alejados, como el caso de su hija que fue trasladada del Cereso de La Pila al Penal del Xolol, en la Huasteca Potosina.
“Si ya te impacta económicamente, el hecho de llevarlas lejos todavía te impacta más”, explicó. Habló de los nietos, de los abuelos que asumen la crianza y del estrés que termina por afectar la salud. “Hoy son ellas, mañana podemos ser cualquiera”, advirtió, al pedir empatía y no estigmatización.
Tras ese primer testimonio, la discusión se movió hacia el plano teórico sin perder el anclaje en la experiencia. Laura Edith Saavedra explicó que su capítulo cuestiona el discurso hegemónico de los derechos humanos.
“No es solo suficiente descolonizar los derechos humanos, sino también despatriarcalizarlos”, sostuvo.
Explicó el marco jurídico tradicional ha sido construido desde una lógica que invisibiliza otras experiencias, especialmente las de las mujeres, pues el derecho suele presentarse como neutral, cuando en realidad responde a estructuras de poder.
“Cuando sólo hablamos de descolonizar, nos olvidamos de que ese discurso de los derechos humanos también suele ser patriarcal”, afirmó. Para ella, la apuesta es construir una objetividad feminista basada en las luchas concretas y en los saberes situados.
La conversación volvió al terreno de la exigencia institucional con la intervención de Esperanza Luciotto, madre de Karla Pontigo, quien relató la lucha para colocar un memorial en honor a víctimas de feminicidio.
“Yo quería poner una cruz”, recordó, al explicar que buscaba un símbolo que obligara al Estado a reconocer la violencia que estaba ocurriendo. Narró cómo, pese a contar con resoluciones que señalaban la necesidad de una reparación simbólica, enfrentó negativas reiteradas.
“Que toda muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada primeramente como feminicidio”, citó Esperanza al referirse a lo que establecen criterios judiciales. Sin embargo, en la práctica ocurre lo contrario: primero se clasifica y luego, en todo caso, se investiga. Su testimonio expuso la distancia entre la norma y su aplicación.
La voz de Susana González, madre de Lupita Viramontes, reforzó esa crítica.
“La justicia no es para mí, es para nuestras hijas”, afirmó.
Ante esto, señaló que la creación de una fiscalía especializada en feminicidios no fue una concesión, sino resultado de la presión de las familias.
“No nos han otorgado nada, nosotros hemos buscado que esto sea creado”, dijo al recordar movilizaciones y tomas de instalaciones.
Susana también señaló que la atención institucional sigue siendo deficiente. “Es desesperante el trato que siguen teniendo las fiscalías hacia los familiares”, expresó.
Su intervención dejó claro que la reparación integral no se limita a un acto simbólico, sino que implica investigaciones diligentes y acompañamiento real.
Desde una mirada más joven, Sofía Viramontes explicó que su trabajo actual busca articular protocolos con perspectiva feminista.
“He visto que hay deficiencias y que no está pasando nada”, comentó sobre los procesos que ha documentado. Su investigación se centra en escuchar a las familias y construir propuestas desde esa experiencia compartida.
El cierre retomó el sentido colectivo del libro. Las autoras —entre ellas Laura Edith Saavedra Hernández, Ana Fabiola Espinosa Bocanegra, Roxana Abigail Montejano Villaseñor, Milena Passos Blanco, María Suhey Tristán Rodríguez, Maritza Aguilar Martínez, Fátima Patricia Hernández Alvizo, Olga Lucio Huerta, Mónica Reynoso Morales, Gabriela Alejandra Rodríguez Cárdenas, Daphne Erandy Beltrán Fuentes, Adriana Marcela Bonilla Zipa, Perla Orquídea Fragoso Lugo, Mónica Carrasco Gómez, Sofía Villalba Laborde, Alejandra López Lujano y Mariana Prieto Montañez— plantean que el feminismo no es un añadido opcional, sino una condición para comprender las fallas estructurales del sistema de justicia.
La presentación dejó una conclusión clara: los saberes feministas no se producen únicamente en aulas universitarias, sino en la experiencia de quienes enfrentan procesos penales, buscan a sus hijas o exigen investigaciones adecuadas. Como se escuchó en el auditorio, la justicia no puede ser una promesa abstracta; debe responder a las vidas concretas que hoy siguen esperando.
