Fernanda Durán
El diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con el objetivo de crear una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas con facultades reforzadas, autonomía operativa y presupuesto suficiente para responder a la crisis que atraviesa San Luis Potosí.
La propuesta llega tras años de exigencia por parte de colectivos como Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C., quienes han denunciado el abandono institucional y la indolencia con la que el Congreso del Estado ha tratado el tema.
En el marco de este 10 de mayo, mientras muchas celebraban el Día de las Madres, decenas de mujeres salieron este lunes a marchar por las calles del Centro Histórico para recordar a sus hijas e hijos desaparecidos y exigir justicia ante un Estado que les ha dado la espalda.
“El día de hoy, yo la hago propia esta causa y esta iniciativa la presento con mucho respeto, mucha solidaridad a esta causa y por supuesto, pensando en el dolor de las madres buscadoras”, expresó Gámez.
Aseguró que la propuesta ha sido respaldada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y que desde el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se trabajará para socializarla con todas las fuerzas políticas.
“Este no es un tema de partidos, es un tema de causas que duelen”, añadió.
La propuesta ingresada formalmente al Congreso del Estado plantea reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y armonizarla con la Ley General en la materia, que desde 2017 obliga a contar con fiscalías especializadas en las entidades federativas.
El documento legislativo establece que la Fiscalía Especializada tendrá entre sus funciones la investigación, persecución y judicialización de los delitos de desaparición forzada y cometida por particulares, así como la coordinación con las comisiones de búsqueda estatales y nacionales.
También se le faculta para solicitar exhumaciones, intervenir comunicaciones, proteger a víctimas y familiares, y garantizar una entrega digna de restos humanos.
Se adiciona un nuevo capítulo (XIII TER) a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, creando la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas. Se elimina el modelo actual de Unidad Especializada, que operaba sin autonomía ni estructura propia.
Tendrá la posibilidad de solicitar exhumaciones y realizar identificación forense; intervenir comunicaciones, solicitar geolocalización en tiempo real y ejecutar medidas cautelares; coordinarse con el Mecanismo de Apoyo Exterior y la Unidad de Investigación para Personas Migrantes; proteger a víctimas y familiares mediante programas especiales, incluyendo reubicación, patrullajes, escoltas, chalecos antibalas o teléfonos satelitales.
Se plantea un plazo de hasta 365 días para su entrada en vigor, tiempo en el que la Fiscalía deberá hacer los ajustes presupuestales y operativos necesarios. Mientras tanto, se mantendrá en funciones la estructura actual.
En el encuentro con las madres, también se planteó la posibilidad de crear apoyos sociales y educativos para las familias afectadas.
“Vamos a trabajar primero con ellos, porque yo lo decía esto no es una cuestión unilateral, hay que hacer un traje a la medida para conocer a cada familia, que es lo que nos duele tan sólo las personas que hoy no están en sus domicilios, son personas que hacen falta que ya no llegaron, pero hay desde niños, adultos, jóvenes y pues sus familiares son personas con las mismas características que hoy tendremos que escuchar primero para conocer a profundidad y generar una agenda”, indicó.
Sin embargo, para las madres buscadoras, las palabras ya no son suficientes. Durante la marcha de este lunes, Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad, recordó que en 2023 ya habían entregado un proyecto para la creación de esta Fiscalía, pero la promesa quedó en el aire.
Las madres también señalaron la simulación legislativa y nombraron al diputado Cuauhtli Fernando Badillo como uno de los que prometieron acompañarlas y luego las ignoraron.
Asimismo, apuntaron directamente contra el excoordinador parlamentario del Partido Verde, José Luis Fernández “El Chiquis”, a quien acusaron de haberlas engañado con compromisos que nunca cumplió.
De acuerdo con lo expuesto por el colectivo, actualmente San Luis Potosí registra un promedio de diez desapariciones por semana. De esas, apenas dos o tres personas son localizadas.
Las cifras se han disparado más del 300 por ciento desde 2018; aun así, el Estado apenas cuenta con un arqueólogo y un antropólogo forense para procesar fosas clandestinas.
La exigencia es clara: que la iniciativa no se quede en papel. Las madres pidieron fechas concretas, un compromiso real y seguimiento puntual a la iniciativa.
Gámez Macías dijo estar dispuesto a convertirse en “abogado de esta causa”, y propuso construir una agenda legislativa y social junto a las familias.
Aseguró que la propuesta no será unilateral y que su compromiso es empujarla hasta lograr que sea aprobada y dotada de recursos.
