Fernanda Durán
Con el respaldo de las secciones 26, 52 y 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el diputado Crisógono Pérez López, integrante del Partido Nueva Alianza, presentó ante el Congreso del Estado la Ley para la Protección de la Integridad, Derechos y Estabilidad Laboral del Personal Educativo del Estado de San Luis Potosí, una propuesta que busca reconocer formalmente la protección jurídica, psicológica y laboral de las y los trabajadores de la educación frente a denuncias consideradas infundadas o maliciosas.
El legislador explicó que se trata de una nueva ley “no un adendo a ninguna”, elaborada con participación directa de los dirigentes sindicales Juan Carlos Bárcenas Ramírez (Sección 26), Elizabeth Viviana Guerrero Milán (Sección 52) y María del Rosario Villaseñor Oliver (Sección 61).
Durante su exposición, señaló que el objetivo es que “los docentes realmente tengan protección” y ejemplificó con casos de maestras amenazadas o agredidas tras realizar denuncias en defensa de estudiantes.
“¿Qué maestro se atrevería a hacer una denuncia sabiendo todos los peligros que corre cuando hace algo así?”, expresó el diputado, al referirse a la falta de protocolos de resguardo y acompañamiento para el personal docente.
De acuerdo con el documento entregado a la Oficialía de Partes, la iniciativa consta de 31 artículos distribuidos en diez capítulos y plantea como principios rectores la presunción de inocencia, el debido proceso y la protección integral del personal educativo.
El texto define como criminalización injustificada cualquier procedimiento administrativo o sanción que afecte la honra o estabilidad laboral sin sustento jurídico. También incorpora el concepto de queja infundada, maliciosa o carente de sustento, cuando se presenta con dolo o intención de dañar, y prevé medidas de restitución para reparar los daños derivados de denuncias falsas.
La propuesta obliga a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) a ofrecer asesoría jurídica, atención psicológica y respaldo institucional gratuito a las y los trabajadores del sector educativo, además de coordinarse con la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el propio SNTE para crear protocolos de recepción y evaluación de denuncias.
Discursos del magisterio: entre respaldo y preocupación
Durante la presentación pública, representantes de las secciones sindicales afirmaron que la iniciativa responde a un contexto de creciente vulnerabilidad para el magisterio.
El delegado nacional del SNTE, Juan Manuel Armendáriz Rangel, mencionó casos de docentes encarcelados o suspendidos por accidentes o conflictos escolares, por lo que “no podemos permitir que siempre el tema se reviente por lo más delgadito, que es el maestro”.
Por su parte, María del Rosario Villaseñor, de la Sección 61, señaló que la ley es “un acto de justicia para miles de trabajadores de la educación que han sido ignorados, vulnerados o perseguidos por defender lo correcto”.
Agregó que en instituciones tecnológicas se han registrado “difamaciones, hostigamientos y represalias provenientes de la propia jerarquía institucional contra docentes y no docentes que se atreven a levantar la voz”.
“Un maestro que vive con miedo no puede enseñar libertad, y una institución que tolera la injusticia no puede hablar de excelencia educativa”.
Otros dirigentes sindicales como Bárcenas Ramírez coincidieron en que la iniciativa debe entenderse como una medida preventiva ante las denuncias falsas que circulan en redes sociales o medios, y que afectan la reputación y el salario de docentes.
“Basta con que alguien suba algo a redes sociales y con ese fundamento se le separe del servicio o se le detenga su salario”, mencionó.
Procedimiento ante denuncias falsas y facultades de la SEGE
El Capítulo VII de la iniciativa establece un procedimiento específico ante denuncias consideradas falsas o de mala fe. La autoridad educativa deberá realizar una evaluación preliminar obligatoria antes de iniciar cualquier proceso, con el fin de garantizar la presunción de inocencia y la confidencialidad tanto del personal señalado como del denunciante.
Si se comprueba que una denuncia es dolosa o infundada, la autoridad deberá aplicar las medidas legales correspondientes, ya sean administrativas, civiles o penales, contra quien la haya promovido.
Asimismo, la SEGE será responsable de implementar los protocolos de investigación y canalización de quejas, así como de garantizar la atención jurídica y psicológica al docente afectado.
El proyecto contempla derechos específicos para el personal educativo, entre ellos la estabilidad en el empleo, la remuneración oportuna, la asesoría jurídica gratuita en casos de acoso laboral, y la cobertura médica y de riesgos profesionales.
También reconoce como riesgo de trabajo los asaltos sufridos por docentes en zonas rurales o de difícil acceso.
Además, prevé licencias con goce de sueldo por enfermedad, comisiones sindicales o desempeño de cargos públicos, y establece que los cambios de adscripción solo podrán realizarse por razones justificadas, como salud o seguridad personal.
Durante la entrega de la iniciativa, los representantes sindicales hicieron un llamado a los distintos grupos parlamentarios a respaldar la propuesta y garantizar su dictaminación.
“Muchos de los diputados fueron impulsados por los trabajadores de la educación, y tendrán que responder ante ellos”, expusieron.
El documento no plantea nuevos recursos presupuestales, sino la creación de mecanismos administrativos y reglamentarios a cargo de la Secretaría de Educación.
Su discusión en comisiones legislativas definirá si el Congreso incorpora la iniciativa al marco normativo estatal o si requiere ajustes adicionales para su aplicación.
