Fernanda Durán
La diputada Emma Saldaña Guerrero presentó una iniciativa para añadir las actividades de vigilancia e información para el crimen organizado, conocidas como “halconeo”, a las formas de autoría y participación en los delitos.
La propuesta será turnada por la Directiva del Congreso del Estado a distintas comisiones para su análisis en próximas semanas.
Con un reforma a la fracción V del artículo 21 del Código Penal del Estado, la diputada plantea que serán responsables del delito quienes “dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión, por cualquier medio, incluyendo acciones de vigilancia y acopio y transmisión de información, con una finalidad expresamente delictiva”, cuya pena será tres cuartas partes del mínimo y del máximo de las penas o medidas previstas para el delito cometido, según lo establecido en el artículo 87 del Código.
En la exposición de motivos, la legisladora aseguró que la propuesta guarda diferencias significativas con las tipificaciones que han sido motivo de acciones inconstitucionalidad, ya que atiende al principio de taxatividad, es decir, una precisa definición de la conducta que la ley considera reprochable o infractora y no restringe la información.
El argumento de Saldaña Guerrero se debe a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado este delito en cuatro estados: Chiapas, Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo; incluso la organización Artículo 19 ha alertado sobre la entrada en vigor de leyes similares a las controvertidas, como es el caso del estado de Aguascalientes, que debido a su vaguedad y su potencial para coartar la libertad de expresión, podrían afectar el ejercicio periodístico.
Al ser consultado al respecto, Edgardo Hernández Contreras, ex diputado y maestro en derecho procesal penal, consideró que la iniciativa no podría resistir una acción de inconstitucionalidad debido a que no precisa sus alcances ni límites, lo que vulnera al artículo 6 constitucional respecto a la libertad de expresión.
“Para mí, [la iniciativa] sí es violatoria de garantías. No creo que resista una acción de inconstitucionalidad porque deja ambigua la parte de ‘transmisión de información’”.
No obstante, aclaró que en caso de que la reforma sea aprobada y no se someta a una acción de inconstitucionalidad podría afectar a la labor periodística, a menos que supriman los preceptos de la “información”.
En días pasados, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) también presentarán una iniciativa para combatir el “halconeo”, para sancionar aquellos vigilantes de las policías que se ubican en las esquinas de las calles y pueblos para informar mediante celulares o aparatos de radiocomunicación a los grupos criminales sobre la presencia del ejército u otra corporación.
