Fernanda Durán
El Poder Ejecutivo entregó esta semana al Congreso del Estado el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026, con un gasto total estimado de 70 mil 461 millones 070 mil 275 pesos, apenas un 6.5 por ciento mayor al aprobado para 2025.
Aunque el paquete mantiene los criterios de contención fiscal de los últimos años, varios órganos autónomos y poderes públicos enfrentan incrementos marginales, recortes respecto a lo solicitado o asignaciones que no cubren sus requerimientos operativos.
El principal rasgo del documento es la continuidad: salvo excepciones puntuales —como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y los costos asociados a la transición judicial—, la mayoría de las instituciones reciben montos similares a los del ejercicio previo, pese a presiones inflacionarias, cargas laborales y obligaciones legales como consultas ciudadanas, procesos electorales extraordinarios o liquidaciones institucionales.
Poder Legislativo sin margen para consultas
El proyecto asigna al Poder Legislativo un total de 326 millones 719 mil 245 pesos, prácticamente la misma cantidad que la autorizada para 2025 tras la adecuación presupuestal de noviembre, cuando el monto final quedó en 327 millones 103 mil 150 pesos.
Aunque en su anteproyecto el Congreso había solicitado 340 millones 154 mil 545 pesos, el Ejecutivo no accedió al incremento. La mayor parte del gasto continúa concentrada en servicios personales, con 295 millones 048 mil 359 pesos.
En 2026 el Legislativo no contaría con suficiencia presupuestal para organizar consultas públicas como prometieron los legisladores durante el análisis preliminar.
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) recibirá 305 millones de pesos, una cifra muy similar a los 303 millones 055 mil pesos con los que cerró el ejercicio 2025 tras su modificación presupuestal.
El monto apenas supera lo aprobado por el Congreso el año pasado (300 millones) y, al igual que en otros organismos, incluye exclusivamente incrementos salariales, prestaciones económicas, seguridad social, pagos derivados de sentencias, servicios básicos y compromisos laborales.
Para 2026 se contemplan 1 mil 371 millones 857 mil 396 pesos para el Poder Judicial, un aumento ligero respecto a los 1 mil 350 millones aprobados inicialmente en 2025, pero muy por debajo del monto ejercido tras la adecuación de noviembre, que elevó el presupuesto a 1 mil 459 millones 716 mil 312 pesos debido a los costos de transición derivados de la reforma judicial.
La propuesta para 2026 vuelve a niveles previos, incluyendo incrementos salariales, prestaciones económicas, seguridad social, cumplimiento de sentencias y servicios básicos de operación del Poder Judicial.
Autoridades electorales: regresan a niveles ordinarios tras la elección judicial
El proyecto estatal asigna 253 millones 559 mil 067 pesos para autoridades electorales y prerrogativas a partidos políticos. La cifra supera ligeramente los 244.7 millones aprobados en 2025, pero es muy inferior a los 354 millones 785 mil 562 pesos ejercidos tras la adecuación presupuestal de noviembre, cuando se cubrió el proceso electoral extraordinario derivado de la reforma judicial.
Para 2026, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) había solicitado 407 millones 767 mil 818 pesos, cantidad que incluía tanto su gasto ordinario como el financiamiento a partidos políticos, así como recursos para programas institucionales, el inicio del proceso electoral 2026–2027, acciones con perspectiva de género y la atención de pasivos acumulados.
La asignación propuesta se distribuye de la siguiente manera:
- Gasto ordinario del Ceepac: 74 millones 680 mil 816 pesos
- Obligaciones del artículo 42 de la Ley Electoral: 4 millones 662 mil 655 pesos
- Prerrogativas a partidos y agrupaciones políticas: 174 millones 215 mil 596.28 pesos
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tendría 49 millones 445 mil 193 pesos, apenas dos millones más que los 47 millones 445 mil 193 pesos aprobados para 2025. La asignación cubre, como cada año, obligaciones laborales, prestaciones, seguridad social, sentencias y servicios básicos.
UASLP: el Estado se acerca por primera vez a la aportación del convenio federal
El Ejecutivo propone otorgar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí una aportación estatal de 506 millones 155 mil 546 pesos, monto que por primera vez en la administración se acerca a la cifra requerida por el Convenio Marco con la Federación.
En ejercicios anteriores, la UASLP solo había recibido 300 millones del Estado, lo que ocasionó tensiones presupuestales y reclamos recurrentes de la institución.
La cifra no incluye la aportación federal, que será definida por la Cámara de Diputados.
El Tribunal Electoral del Estado volverá a operar con 31 millones de pesos, la misma cantidad autorizada para 2025. El monto cubre prestaciones, seguridad social, sentencias y servicios básicos de operación.
CEGAIP: recorte implícito frente a la solicitud del organismo
Para la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) se propone nuevamente un presupuesto de 25 millones 060 mil 259 pesos, idéntico al aprobado en 2025.
El monto queda muy por debajo de los 92 millones 918 mil 193 pesos solicitados por el organismo, que incluían lo siguiente:
- 25.7 millones en servicios personales
- 248 mil pesos en materiales
- 3.3 millones en servicios generales
- 63.5 millones en proyectos de inversión
- (Agregadas posibles liquidaciones de personal ante un escenario de extinción del organismo)
Fiscalía General del Estado: mantiene presupuesto y suma reserva para la Fiscalía Especializada
La Fiscalía General del Estado (FGE) mantendrá un presupuesto de 1 mil 400 millones de pesos, la misma cifra que en 2025. La asignación cubre obligaciones laborales, seguridad social, servicios médicos, pagos derivados de resoluciones y costos de operación institucional.
A diferencia de otros organismos autónomos, la Fiscalía sí incorpora un ajuste interno relevante: una reserva específica por 4 millones 696 mil 305 pesos destinada a la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, la cual deberá financiarse con cargo al presupuesto ya autorizado para 2026. Esta previsión aparece en quinto artículo transitorio.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) recibirá nuevamente 56 millones 068 mil 685 pesos, idénticos a los del ejercicio anterior.
El artículo 15 contempla 10 millones de pesos para el fideicomiso destinado a atender daños por fenómenos naturales, cifra igual a la de 2025.
El artículo 16 establece un fondo de hasta 1 millón de pesos para el pago de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, también sin variación respecto a 2025.
En los artículos transitorios, el Ejecutivo vuelve a incluir —como ha ocurrido año con año— la previsión presupuestaria destinada al subsistema de telesecundarias por 194 millones de pesos para la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), que se mantiene en el paquete 2026.
