Fernanda Durán
Este jueves se aprobará el Presupuesto de Egresos 2026, un ejercicio legislativo que, lejos de reflejar autonomía parlamentaria, exhibe una evidencia cada vez más difícil de ocultar: la sumisión del Congreso al Ejecutivo y un rasero político que se endurece únicamente con aquellos sectores que no se alinean al servilismo estatal. El caso de la UASLP es el mejor ejemplo.
En un inicio, la universidad parecía encaminada por primera vez en la administración a recibir la cifra que históricamente se fija en el convenio anual Federación–Estado.
El Ejecutivo propuso más de 506 millones de pesos como aportación estatal, un avance importante después de años en los que la universidad solo recibió 300 millones y cargó sola con las presiones presupuestales. Pero tras las tensiones, desplantes y encontronazos con el Congreso, ese escenario se desplomó: la Comisión de Hacienda decidió reducir la cifra a 320 millones, bajo el argumento de que “no tenían información suficiente”.
Paradójicamente, esa exigencia de transparencia y “explicaciones claras” nunca se aplica a otras instituciones. El CEEPAC, por ejemplo, tuvo una reunión privada —contrario a la que se pretendía imponer públicamente a la universidad— y tras pedir recursos adicionales obtuvo un ligero aumento. No lo que solicitaba, pero sí lo suficiente para mostrar quién sí “cabildea” y quién no.
El problema con la UASLP es que se le exige explicar, justificar, detallar cada peso y cada razón del presupuesto que solicita, mientras los diputados insisten en negar cualquier revanchismo. Sin embargo, cumplir con el convenio de colaboración con la Federación implica entregar información que ya transparenta su estructura presupuestal, incluyendo sueldos y salarios. Ese documento está disponible públicamente en la página de la SEP. No resuelve todas las preguntas posibles, pero desmonta la narrativa de que la universidad opera en la opacidad.
El Congreso, que presume transparencia como bandera política, es el mismo que no ha logrado fortalecer ni completar la transición de la CEGAIP, que mantiene sin publicar sus egresos desde agosto y que aprueba reformas y presupuestos para el Ejecutivo sin mayor resistencia. Exigir transparencia desde ahí no solo es incoherente: es simulación.
A ello se suma un debate que dentro del Congreso surgió con insistencia: que la UASLP debe presentar un “proyecto de presupuesto de egresos” como si fuera un ente autónomo constitucional. Ese argumento, además de políticamente oportunista, es jurídicamente incorrecto. Y aquí es donde su propio discurso se les cae.
La disputa entre la UASLP y el IFSE —resuelta por la ministra Yasmín Esquivel— dejó dos elementos centrales: por un lado, la Corte determinó que el IFSE sí puede auditar a la UASLP; por el otro, dejó claro que la universidad no es un órgano constitucional autónomo. Y esto tiene efectos directos en el artículo 29 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Corte lo explicó de forma puntual:
– No fue creada por disposición constitucional.
– No puede promover controversias constitucionales.
– Por lo tanto, tampoco estaría obligada por el artículo 29 de la Ley de Presupuesto, que solo aplica a poderes y entes constitucionales autónomos.
Es decir: el Congreso exige algo que la ley no le permite exigir.
Aun cuando el diputado Héctor Serrano insiste en que “lo que da el Estado es lo de menos” y que la aportación estatal representa una fracción menor frente al financiamiento federal y los ingresos propios de la UASLP, este planteamiento contradice el marco jurídico actual, ya que la Ley General de Educación Superior, en sus artículos 65 y 66, obliga expresamente a la Federación y a las entidades federativas a garantizar una participación equitativa en el financiamiento y a asegurar que la transición hacia la gratuidad nunca afecte las finanzas de las instituciones públicas de educación superior; por el contrario, los congresos locales están mandatados a destinar los recursos suficientes en cada Presupuesto de Egresos.
A nivel estatal, los artículos 109 y 111 de la Ley de Educación del Estado son aún más claros: el Gobierno de San Luis Potosí debe fortalecer las fuentes de financiamiento educativo y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública. El financiamiento estatal no es opcional ni marginal; es un deber legal y progresivo cuya finalidad es garantizar la gratuidad, la estabilidad y el fortalecimiento institucional.
Reducirlo o minimizar su importancia implica incumplir el mandato de crecimiento sostenido y corresponsabilidad que el propio Congreso está obligado a observar. Y si bien la UASLP debe ajustar sus finanzas ante las crecientes exigencias de gratuidad derivadas de las sentencias de la Corte, también corresponde al Estado cumplir la parte que la ley le impone.
Pese a ello, el discurso oficial insiste en que la universidad debe “hacer política”, “conciliar” y “cabildear”, como si recibir recursos públicos fuera un acto de sumisión y no un mandato legal derivado de un convenio federal. La presión legislativa se disfraza de diálogo, pero en realidad busca imponer una dinámica jerárquica donde solo una parte tiene derecho a cuestionar.
Y es que diciembre siempre trae su propio guion. Es época de dar y recibir, de cerrar ciclos, de acomodar piezas, de reagrupar cercanías que hace unos meses parecían imposibles. Las fiestas decembrinas también revelan quién regala presupuesto y quién recibe castigos envueltos en papel de “técnica legislativa”.
El servilismo del Congreso, que tanto presume independencia cuando le conviene, termina confirmando que el conflicto con la universidad no era institucional, sino teatral. El Ejecutivo ofreció una cifra que nunca pensó sostener, un gesto amistoso que se desvaneció en cuanto el Legislativo encontró la oportunidad de exhibir fuerza.
Porque a final de cuentas, mientras algunas dependencias del Ejecutivo pasan sin revisión ni cuestionamiento, a la UASLP se le mide con lupa y se le regatea. No es cierre de ciclos: es cierre de filas. Y el mensaje está claro.
Al Congreso no le molesta la falta de información; le molesta la autonomía. Y la universidad, en temporada de regalos, recibió el suyo: un recordatorio de que en San Luis Potosí, la política se escribe entre líneas… y el presupuesto también.
El episodio con el CEEPAC también deja un mensaje incómodo. Su reunión con diputados no solo derivó en un incremento presupuestal, sino que coincidió —curiosamente— con la repentina aparición de una iniciativa de reforma electoral. El 21 de noviembre, la presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López, explicó que tras meses de trabajo lo único que tenían eran observaciones técnicas sobre la elección, puntualizando: “Eso es lo que hay hasta ahorita, observaciones; no hemos trabajado en una iniciativa como tal, si bien ya hay facultades en la ley que nos dan esa posibilidad, no tenemos un documento que haya sido consensuado por el Consejo General aún”.
Seis días después, el 27 de noviembre, el Consejo acudió al Congreso a una reunión privada para discutir presupuesto Y, apenas unos días después, el 5 de diciembre, el Consejo General del Ceepac aprobó por unanimidad una propuesta de iniciativa de reforma electoral que fue enviada al Congreso del Estado y que será recibida este jueves, lo que evidenció un contraste entre la declaración inicial y la rapidez con la que se formalizó la iniciativa que incluye la polémica propuesta de reservar para mujeres la candidatura a la gubernatura en 2027, calificada como un traje a la medida para la senadora Ruth González Silva.
No es prueba de nada, pero sí un indicio de cómo ciertas puertas se abren más fácil cuando hay disposición a alinearse.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
