Fernanda Durán
La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí afirmó que, tras la resolución de la Sala Regional Monterrey, Enrique Galindo Ceballos sigue siendo militante del partido, pero enfrenta nuevamente el proceso de expulsión que ahora deberá reponerse desde el ámbito local, con la intervención del Comité Directivo Estatal (CDE).
En conferencia de prensa, la presidenta del CDE, Sara Rocha Medina, subrayó que el fallo debe entenderse como parte de un proceso en curso.
“Es una resolución más y seguirá el proceso legal, eso se los aseguro, porque el tema lo han regresado al tribunal. No crean que es un tema que está concluido de ninguna manera”.
El área jurídica del partido precisó que la Sala Monterrey ordenó reiniciar el procedimiento de expulsión para garantizar que el Comité Estatal tuviera intervención, algo que no ocurrió en la primera resolución.
“Es una orden de la Sala Regional, que es una instancia terminal, y que ordena reiniciar el procedimiento para el efecto de que se le dé participación a este Comité Estatal. Porque este Comité no tuvo ninguna participación dentro de ese procedimiento, que culminó con la expulsión de Galindo”.
El representante legal del comité, Alberto Rojo Zavaleta, precisó que desde la óptica del partido la decisión de la Sala Monterrey abre un debate, pues los estatutos internos no contemplan que la instancia estatal participe en procesos de expulsión.
“Nuestros estatutos son muy claros, que el único órgano facultado para la determinada expulsión de un militante es la Comisión Nacional de Justicia. Pero lo que dicen ellos es que la instancia original debe partir de aquí, del comité estatal”, explicó.
Al ser cuestionados directamente sobre si Galindo fue restituido en sus derechos, la dirigencia respondió que el alcalde aún es militante del PRI, aunque bajo acusaciones que deberán resolverse en la reposición del proceso.
“En este momento, el señor Enrique Galindo es acusado de hechos que contravienen las normativas del partido… Es militante y está siendo acusado y ordenado reiniciar los procedimientos”.
También se les preguntó si, más allá de lo legal, Galindo estaba “moralmente expulsado” o considerado persona no grata, la respuesta de Sara Rocha fue matizada:
“No es un tema que está expulsado moralmente. Hay gente que ya se ha ido sin necesidad de que tuvieran la formalidad de expulsión. Todos los priistas son bienvenidos siempre y cuando hagan y trabajen en función de lo que nuestros estatutos nos mandan”.
Finalmente, la dirigencia recalcó que la resolución de la Sala Monterrey no le da un pase automático a Galindo para recuperar su lugar en el partido, sino que obliga a reabrir el proceso con la participación del CDE.
Con ello, el futuro del alcalde dentro del PRI dependerá de lo que resulte de ese nuevo procedimiento interno.
