Fernanda Durán
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido durante un acto público el 1 de noviembre, desató una oleada de pronunciamientos políticos en todo el país.
En San Luis Potosí, las dirigencias del PAN y del PRI coincidieron en responsabilizar al Gobierno Federal por la falta de resultados en materia de seguridad y por desestimar las advertencias que el propio edil había hecho sobre la presencia de grupos armados en Michoacán.
La dirigente estatal del PAN y senadora, Verónica Rodríguez Hernández, lamentó el asesinato de Manzo, pero centró su mensaje en criticar lo que calificó como “ineficacia” de la administración federal para responder a las solicitudes de auxilio que el alcalde hizo en repetidas ocasiones.
Destacó que el hecho exhibe los límites de una estrategia que, pese a haber contado con acompañamiento de la Guardia Nacional, no logró prevenir la ejecución del edil.
Rodríguez señaló que la presidenta de la República, Claudia Sheinabum Pardo, “prefiere los datos de su gabinete antes que la realidad del país”, y reprochó que se intente responsabilizar a los medios por documentar la violencia.
“Los medios de comunicación lo único que hacen es informar. Lo que pasa es que a la presidenta no le gustan las preguntas incómodas y prefiere rodearse de quienes le hacen eco”.
Cuestionada sobre una posible revocación de mandato, la senadora abordó la posibilidad de promoverla al reconocer que en el pasado fue escéptica respecto a ese mecanismo, considerándolo un instrumento de uso electoral, pero sostuvo que tras los recientes acontecimientos resulta una herramienta necesaria para que la ciudadanía pueda retirar la confianza a quienes no cumplen con su deber.
Aseguró que los gobernantes deben responder no solo con discursos, sino con resultados, y que Morena, tras siete años en el poder, ya no puede seguir culpando al pasado de sus propias omisiones.
Desde la sede estatal del PRI, el exdirigente y presidente de la Fundación Colosio, Adolfo Micalco, encabezó una rueda de prensa en la que calificó el asesinato de Manzo como una muestra del abandono federal hacia los municipios que enfrentan la violencia del crimen organizado.
“Carlos Manzo había denunciado amenazas y pidió ayuda. No fue escuchado”, señaló, al reprochar además que la presidenta no visitara Uruapan pese a las peticiones reiteradas de apoyo.
El priista advirtió que, mientras Michoacán vive bajo el control de grupos armados, el Gobierno Federal propone un recorte del 19 por ciento al presupuesto para seguridad ciudadana y reducciones adicionales a la Marina y a la Fiscalía General de la República.
Enfatizó que esa política “es inconcebible en un país que todos los días acumula víctimas de la delincuencia”, y que la indolencia oficial es un rasgo constante del actual régimen.
Micalco también calificó de “insensibles y despectivas” las declaraciones presidenciales hacia los jóvenes que protestan por el crimen de Manzo y hacia los medios que cubren la violencia.
Cuestionado sobre si el PRI busca sacar provecho político de la tragedia, Micalco respondió que “posicionarse es una obligación de la oposición”, y que su partido “contrasta la manera de gobernar del PRI con la desgobernanza de Morena”.
Argumentó que el señalamiento no obedece a cálculo electoral, sino a la necesidad de exigir resultados.
“El PRI es un partido con experiencia, que sabe gobernar; ellos solo saben repartir dinero para comprar votos”.
Tanto el PAN como el PRI en San Luis Potosí coincidieron en que el asesinato de Carlos Manzo no puede entenderse como un hecho aislado, sino como la consecuencia directa de una estrategia de seguridad fallida, ambos demandaron revisar el modelo federal de atención a municipios en riesgo, fortalecer presupuestos y garantizar protección real a autoridades locales amenazadas.
