Desiree Madrid
Con dos horas de retraso se llevó a cabo el primer informe de la nueva estructura del Poder Judicial, luego de la reforma que modificó su integración y distribución de funciones. También fue el primer informe de la primera generación de magistradas, magistrados, juezas y jueces que llegó a dichos cargos mediante voto ciudadano en San Luis Potosí, después de la elección extraordinaria del 1 de junio de 2025.
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, distinguió entre las funciones de los tres órganos que ahora integran el Poder Judicial: el Supremo Tribunal de Justicia, encargado de resolver los asuntos de su competencia; el Órgano de Administración Judicial, responsable de las condiciones en que operan juzgados y tribunales; y el Tribunal de Disciplina Judicial, al que corresponden las tareas de investigación, vigilancia y disciplina.
En la parte correspondiente a los tribunales, el informe presentó el volumen de asuntos atendidos. En primera instancia se reportaron casi 40 mil procedimientos nuevos, más de 43 mil audiencias, más de 20 mil sentencias, más de 197 mil notificaciones y más de 84 mil diligencias actuariales. En segunda instancia se contabilizaron más de mil 800 sentencias y cerca de medio millón de promociones.
Las cifras fueron expuestas como parte del balance del periodo, aunque por sí mismas no explican cuánto de ese trabajo corresponde a asuntos resueltos, cuánto permanece en trámite ni dónde se concentran los mayores rezagos.
En materia familiar se reportaron más de 16 mil procedimientos, más de 241 mil promociones y más de 11 mil sentencias. Entre septiembre de 2025 y abril de 2026 se programaron más de 3 mil 500 convivencias familiares.
También se informó que entre enero y julio de este año se emitieron más de 840 órdenes de protección para mujeres, de las cuales más de 500 correspondieron al juzgado especializado. A esto se sumaron más de 110 resoluciones en las que, de acuerdo con lo expuesto durante el informe, se aplicó de manera expresa la perspectiva de género.
El área penal registró más de 6 mil 600 asuntos, más de 21 mil audiencias orales y más de 860 juicios orales. En materia laboral se reportaron más de 2 mil asuntos nuevos y más de 2 mil 200 audiencias; en civil, más de 4 mil 800 sentencias, y en mercantil, más de 3 mil 500. El Centro Estatal de Mediación y Conciliación informó haber atendido a más de mil 300 personas, con más de 400 procedimientos de mediación y más de 300 convenios.
Al respecto de la vigilancia interna, se informó que entre octubre de 2025 y junio de 2026 se recibieron más de 260 quejas, se iniciaron más de 200 investigaciones y cerca de 50 concluyeron. El Tribunal de Disciplina Judicial recibió, además, más de 370 asuntos provenientes del régimen anterior y concluyó cerca de 290. La Visitaduría realizó 100 visitas ordinarias, mientras que el Supremo Tribunal celebró 40 sesiones.
La presidenta mencionó, además, cambios en los mecanismos de operación, como consultas en línea para identificar el juzgado al que fue turnada una demanda, notificaciones electrónicas en juzgados del interior del estado, depósitos mediante formatos digitales y modificaciones al buzón electrónico utilizado por el juzgado especializado en órdenes de protección. En abril se aprobaron nuevos reglamentos internos que sustituyeron disposiciones vigentes desde 1998 y reconocieron la validez jurídica del expediente electrónico.
No todo fueron cifras, la presidencia del poder judicial, también reconoció los pendientes de cara a su segundo año de mandato; entre ellos se mencionaron la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la justicia digital, la capacitación del personal, la atención a las personas usuarias y la construcción de una cultura institucional basada en independencia, ética, transparencia y rendición de cuentas.
Zarazúa resumió esa parte del mensaje con una frase que terminó por condensar buena parte del discurso: “La confianza no es un cheque en blanco, se renueva todos los días con cada persona atendida, con cada resolución y con cada decisión adoptada con responsabilidad”.
La presidenta cerró con esta frase: “La confianza no es un cheque en blanco, se renueva todos los días con cada persona atendida, con cada resolución y con cada decisión adoptada con responsabilidad”.
En su intervención, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, enfatizó en que “la división de poderes no es solamente un principio escrito en nuestra Constitución, es una garantía para la ciudadanía” y que “la coordinación no significa subordinación”. Reconoció a Zarazúa por haber asumido “la conducción del Poder Judicial en un momento particularmente complejo”.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció el trabajo del Poder Judicial y sostuvo que la justicia debe ser “comprensible, oportuna y sensible ante las necesidades de las víctimas, las familias a quienes acuden a esta institución”.
El jefe del Ejecutivo aprovechó el foro para insistir en la coordinación en materia de seguridad y de paso presumir que:
“San Luis Potosí hoy se encuentra entre los tres estados más seguros de este país”.
Escuchar, explicar, proteger, ser accesible, rendir cuentas, son en su conjunto los compromisos de una glosa que, más allá de los nuevos mecanismos y los avances tecnológicos, se destacó por ser el primer ejercicio público de rendición de cuentas en esta nueva etapa del Poder Judicial, encabezada por la primera generación de personas juzgadoras que llegó a esos cargos mediante el voto ciudadano.
