Por Victoriano Martínez
Al entrevistar a los primeros ocho, de los 25 aspirantes a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, los legisladores que participaron en las comparecencias marcaron una diferencia en el trato: evitaron cuestionar a Jesús Motilla Martínez –para quien hubo loas– en tanto que a los otros siete les aplicaron cuestionamiento de trámite.
Citado para comparecer a las 9:00 horas, como el primero de los aspirantes a ser entrevistado, Motilla Martínez fue muy puntual, pero no así los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, por lo que su entrevista comenzó hasta las 9:26, cuando por fin se logró el quórum en la sala Manuel Gómez Morín.
El diputado Héctor Mendizábal explicó la dinámica al primer compareciente, y le dio la palabra por cinco minutos a Motilla Martínez para presentar su exposición de motivos, y otros 10 para exponer su plan de trabajo, para anunciarle que después vendría una sesión de preguntas y respuestas hasta por 20 minutos.
Para comenzar, el aspirante a Auditor Superior del Estado reconoció la participación del Frente Ciudadano Anticorrupción en el proceso de selección y alabó la congruencia de la carta-compromiso que esa organización propuso a los aspirantes el pasado jueves. No obstante, omitió señalar que no aceptó firmarla.
Hugo Stevens, vocero del FCA, y Manuel Nava, de Acción Ciudadana, lo observaban desde la misma mesa, a escasos tres metros de distancia.
“Esta mañana me decía mi nieto, vas a la rifa del tigre”, expuso, “le dije sí, hay que domesticar al tigre, pero hay que hacer de la auditoría un tigre”.
Tras concluir así su exposición de motivos, Motilla Martínez aseguró que en su plan de trabajo toma en cuenta que llega a una institución desacreditada, se pronunció por una mayor participación de la ciudadanía aunque acotó que “no todo se arregla a gritos y sombrerazos”. Ofreció mano firme y apoyar a quienes critican de manera propositiva y no a quienes lo hacen por otros intereses.
Al llegar a la primera sesión de preguntas y respuestas, se abrió con halagos para el entrevistado. La primera en hacerlo fue la diputada Lucila Nava, quien no es integrante de la Comisión de Vigilancia, y después Graciela Gaitán y Gerardo Limón. Prácticamente le agradecieron haberse registrado como aspirante y le ofrecieron trabajar de la mano.
En su turno, y cual si tratara de calmar las manifestaciones de disgusto por los halagos de parte de asistentes a las comparecencias, Mendizábal pareció aprovechar la oportunidad para consultar a Motilla Martínez sobre el tratamiento que tendrá que darse a las auditorías del ejercicio fiscal 2016 que cumplieron con el procedimiento legal.
Motilla Martínez consideró que el ejercicio autorizado por el Congreso del Estado se quedó corto al ser aleatorio y estableció que la ASE sólo puede aplicar sanciones de carácter administrativo, por lo que se deben integrar bien los procesos necesarios para que otras instancias sancionen. “La Auditoría no es una Santa Inquisición”, advirtió.
El cierre de la primera entrevista provocó comentarios de disgusto entre asistentes como Hugo Stevens, Manuel Nava, Juan Antonio Rodríguez Chessani, Arturo Pérez Alonso, entre otros. “No nos chupamos el dedo y eso lo saben, sabíamos que estaba amañado, pero ya ni siquiera le despistan”, expresó Rodríguez Chessani.
Manuel Ignacio Priego Santos, el segundo entrevistado, desarrolló una exposición más técnica y se comprometió a investigar las situaciones irregulares que se han denunciado en la ASE. También se dijo dispuesto, de ser necesario, a someterse a exámenes de confianza y toxicológicos.
Ante las preguntas de Gerardo Limón, Jesús Cardona, Graciela Gaytán y Héctor Mendizábal, Priego Santos reconoció que firmar los informes finales de auditoría implica una corresponsabilidad, se pronunció por una revisión del personal de la ASE y reforzar el área de auditoría de obra, así como turnar los actos de corrupción a la Contraloría Interna y en caso de ser graves a la Fiscalía General del Estado.
Tras una presentación teórica por parte de Raymundo González Jiménez, recibió preguntas tan genéricas como un “y cómo hacerlo”, “dos experiencias laborales que lo califiquen”, “qué le modificaría a la ley”, “a dónde irían las multas y resarcimientos”.
Juan José Frías Aguilera, el cuarto participante, fue el único que hizo las referencias más directas a la situación de descrédito de la ASE. “Estamos pagando las consecuencias del mal nombramiento de José de Jesús Martínez Loredo”, dijo tras recordar que desde el primer día en que el ex auditor asumió el cargo, él mismo presentó impugnaciones porque no reunía los requisitos para el cargo.
Héctor Mendizábal lo cuestionó sobre su paso por la ASE y si representaba un conflicto de interés la demanda laboral que inició contra esa institución. Frías Aguilera lo descartó porque, dijo, el litigio ya concluyó.
Aprovechó para exponer que mientras a él por seis años de trabajo lo liquidaron –demanda de por medio– con 48 mil pesos, a los ex funcionarios de la ASE que renunciaron tras el escándalo de la ecuación corrupta les entregaron liquidaciones que van de más de 300 mil a más de un millón de pesos… “y sin que hubiera demanda”.
Para cerrar su participación, Frías Aguilera exhibió copia de una demanda penal interpuesta hoy mismo en contra de Rocío Cervantes, encargada del despacho de la ASE, por diversos delitos relacionados con actos de corrupción. “Me la entregaron ahora que venía para acá, y desde este momento yo también la hago mía”, expresó.
Tras la exposición de Frías Aguilera, se declaró un receso de 15 minutos, para continuar con la comparecencia de Martha Elva Zúñiga Barragán. Tras su exposición, el mayor cuestionamiento que se le hizo estuvo a cargo de Mendizábal Pérez, quien le señaló que fue funcionaria en el Interapas hasta el 21 de enero de este año.
Zúñiga Barragán descartó que eso la pudiera descalificar por haber ejercido recursos en el último año, porque los ejercicios fiscales comienzan con muy poca actividad y sólo estuvo en el cargo la primera quincena de ese año. “No tuve ninguna observación, pero si se llegara a presentar, me excusaría de conocer el asunto”, dijo.
El contralor municipal de la capital, Enrique Alfonso Obregón, por su parte aseguró que durante su gestión en la administración de Ricardo Gallardo Juárez logró confirmar la inhabilitación de ex funcionarios en tribunales federales y, de la actual administración, sólo aplicó sanciones a funcionarios menores.
Walter Alfonso Espinoza Huerta enfocó su participación en el aprovechamiento de la tecnología para eficientar el trabajo de la ASE, en tanto que el último participante del día, Aldo Ruiz Hernández, al ser cuestionado consideró que existen dudas sobre los efectos legales que pudiera tener la reposición de las auditorías a las Cuentas Públicas 2016.
Luego de cinco horas con ocho minutos, con un receso de 15 minutos, la primera jornada de entrevistas a los aspirantes a Auditor Superior del Estado concluyó. Los integrantes de agrupaciones ciudadanas que se quedaron hasta el final salieron con un solo comentario: fue obvio el trato diferenciado para Motilla Martínez.
