Alejandro Hernández J.

La propagación del COVID-19 en nuestro país nos ha demostrado que, cuando nos encontramos ante cierto tipo de amenazas, autoridades y ciudadanos sabemos salir de nuestro letargo para actuar de manera organizada.

Desde que se identificaron a los primeros casos, el Gobierno Federal decidió organizar una rueda de prensa vespertina diaria (fines de semana incluidos) donde se hace un reporte pormenorizado del avance de la epidemia en nuestro país. Los estados de la república no se quedaron atrás, organizando día tras día sus propias conferencias. Desde luego, los medios de comunicación han estado analizando detalladamente todos los informes; incluso las emisiones de espectáculos y variedad han cambiado su contenido para informar sobre el virus.

Cuando tienen la impresión de que las recomendaciones del Gobierno Federal son insuficientes, los Gobiernos locales y las dependencias públicas y privadas no han dudado en aplicar sus propias medidas con toda celeridad y mano firme: antes de contar con enfermos de coronavirus en su entidad, el Gobierno del estado de Hidalgo hizo instalar un hospital inflable de alta tecnología; la semana pasada, varios municipios sonorenses decretaron un toque de queda (medida ya evocada como posible por las autoridades de San Luis Potosí capital, por cierto…); en la Ciudad de México, un sistema de mensajes SMS permite a posibles infectados informar sobre los síntomas que tienen, después de lo cual las autoridades sanitarias realizan un contacto inmediato; universidades y escuelas decidieron cerrar sus planteles varios días antes de lo previsto por el Gobierno Federal; etc.

La población civil comienza a empoderarse y, cuando desconfía de las propuestas oficiales, empieza también a tomar sus propias medidas. Así, cuando el Gobernador de Aguascalientes decretó la reapertura de negocios el 20 de marzo, muchos comerciantes dieron a conocer que mantendrían sus locales cerrados. Por otro lado, algunas personas han lanzado grupos de apoyo para entregar comida a domicilio o para cuidar a los niños cuyos padres no pueden dejar de trabajar. Además, en lo que a información se refiere, incluso quienes normalmente prefieren esquivar publicaciones periodísticas han comenzado a observar con atención lo que sucede en todo el mundo y a comparar fuentes de información en un intento de desmitificar las informaciones falsas que circulan.

Las medidas e iniciativas oficiales y civiles hasta aquí mencionadas son necesarias, y no podemos más que alegrarnos de que todos intentemos realizar nuestra contribución. Sin embargo, no debemos olvidar que hemos sido demasiado indulgentes ante otras amenazas que han durado mucho más tiempo y cobran muchas más víctimas.

Hace apenas 17 días éramos testigos de manifestaciones femeninas más que legítimas y necesarias. Nunca se instaló una comisión federal, estatal o municipal que, de lunes a domingo, escuchara los reclamos y tomara medidas inmediatas. El Congreso del Estado de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí solo pusieron en marcha operativos relámpago para borrar las pintas del 8 de marzo. Los medios no decidieron homologar sus primeras planas para ejercer presión ante las autoridades y para sensibilizar más a los ciudadanos. Las emisiones de variedad y de noticias no dejaron de cosificar a sus animadoras, mostrándolas en minifaldas para hablar de “chismes” o para dar el clima. Los discursos de odio no dejaron de circular, sino que se acrecentaron. Adicionalmente, pocos parecen interesados en cortar la “cadena de contagio” misógina que podría comenzar, como sugieren algunos estudios, con expresiones culturales altamente comercializadas (en el caso del estudio citado se menciona al reggaetón).

Cuando en mayo del año pasado nos encontrábamos sofocados por los incendios forestales que rodeaban nuestra ciudad, nuestras autoridades locales nunca pensaron en hacer uso de facultades extraordinarias para declarar un estado de emergencia. A pesar de la cantidad impresionante de sustancias tóxicas que todos inhalábamos constantemente (exponiéndonos a problemas respiratorios mucho peores que los causados por el COVID-19), ninguna escuela ni universidad decidió cerrar sus puertas, la industria no se detuvo ni un segundo, los reclamos enérgicos hacia la autoridad brillaron por su ausencia y a prácticamente ningún ciudadano se le ocurrió que una buena contribución hubiese consistido en reducir el uso de su automóvil por unos días.

Ante el COVID-19, las autoridades sí son capaces de escarbar sus leyes para actuar de inmediato —Puebla castigará hasta con cárcel a quienes contagien el coronavirus dolosamente—, de construir plataformas informativas en tiempo récord —el Gobierno de San Luis Potosí creo recientemente esta página, que actualiza constantemente— o de tramitar rápidamente amparos para que el Gobierno Federal se vea obligado a proteger la salud de su población —un juez logró emplazar al presidente López Obrador a informar sobre las medidas de detección de casos de COVID-19—. Sin embargo, estas mismas autoridades no saben actuar ante delitos atroces que no están tipificados en sus leyes, ni exigir a sus concesionarios cumplir con sus obligaciones (por ejemplo, hasta la fecha, nadie ha podido lograr que la empresa UrbanPass entregue sus llaves electrónicas para homologar el sistema de prepago de autobuses en nuestra ciudad). Desde luego, tampoco son capaces de informar a su población sobre servicios indispensables: la página de la SCT no muestra los horarios y rutas del “autobús rosa” ni ha actualizado las rutas del servicio “incluyente”; la población se entera de los cortes de agua por medios informativos, no por comunicados oficiales, etc.

Como ciudadanos, nos horrorizamos al pensar que algunos países están planteando un sistema de triaje en el que los enfermos mayores que presenten pocas posibilidades de sobrevivir sean descartados. Pero a nivel local nunca exigimos enérgicamente que nuestras ciudades permitan desplazamientos óptimos para las personas de la tercera edad, con movilidad reducida o, simplemente, que no cuenten con auto: el transporte público potosino carece de paradas oficiales, no hay horarios ni itinerarios publicados en los parabuses, pocas banquetas poseen rampas para sillas de ruedas, los escalones de los camiones potosinos son un desafío para rodillas desgastadas y la calidad del aire de nuestra ciudad empeora día con día.

Si cada uno de nosotros ha decidido actuar con tanta determinación ante la amenaza que representa la propagación del COVID-19 es porque existe la “creencia” de que la salud es un valor, un derecho, que hay que conservar a costa de lo que sea. En efecto, el historiador israelita Yuval Harari sugiere catalogar los derechos humanos como creencias, pues no existen por sí mismos, sino que son ideales que se encuentran en nuestras mentes. Por si fuera poco, podemos saber algo, pero no creer en ello y, de manera inversa, actuar motivados por creencias cuyo contenido es, en realidad, falso. Tal vez sea por esta razón que, a pesar de que todos problemas mencionados más arriba sean por todos conocidos, pocos creen que su presencia realmente encarne un atentado contra otros de nuestros derechos (derecho a la vida plena, a la movilidad, etc.). En lugar de ello, decidimos seguir creyendo que el auto es el rey de las calles, que la mujer es inferior al hombre, etc.

La reflexión que compartimos en el presente artículo no busca en lo absoluto minimizar la gran emergencia mundial que estamos viviendo, ni culpabilizarnos por nuestras omisiones pasadas. Se trata, más bien, de reconocer que nos encontramos ante una oportunidad única para darnos cuenta de nuestra gran capacidad de acción organizada y, en el futuro, seguir utilizándola con el fin de combatir problemas que nos atormentan desde hace años.

Nadie quisiera que nuestro país y nuestro mundo caigan en una crisis de la que sea imposible salir y, como hemos visto, estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para evitar la tragedia. ¿Por qué no habíamos actuado ni exigido a nuestras autoridades actuar ante otros problemas gravísimos? Que esta pregunta nos acompañe durante y después del confinamiento, que nos recuerde que somos capaces de combatir todo tipo de problemas sin demora alguna, que nunca más olvidemos que, por nuestra indulgencia —seamos autoridades o ciudadanos— millones y millones de personas sufren y mueren diariamente.