Procedimiento abreviado

Óscar G. Chávez

Sencillo: desempeñar mediocremente un cargo público, saquear al erario, vivir una temporada a salto de mata, ser procesado, detenido e ir en calidad de huésped a un centro de reinserción, declararse culpable, reembolsar 22 millones y 42 mil pesos, pagar 20 mil como garantía y 63 mil de sanción, salir libre (olvidando las dolencias manifiestas todavía un día antes), dirigirse a casa, y tener tiempo para disfrutar lo ahorrado. Una de tantas recetas para alcanzar la felicidad.

El mensaje también es sencillo: en San Luis Potosí no se persigue ni sanciona el daño al erario, se puede disponer libre y escandalosamente de él, y tener la seguridad que no pasará nada. Ya estaba dado desde hace unos días, ayer se ratificó.

El gobierno de Ricardo Gallardo no es distinto a los anteriores; su discurso y el de sus colaboradores es dramático como la ópera y divertido como la zarzuela. Nunca bajará del escenario y cobrará realidad entre los espectadores.

El único trecho entre el dicho y el hecho es el arreglo; la sanción no existe, la indulgencia es para todos. Quizá Gallardo conoce aquella representación medieval de la rueda de reyes, quien un día está arriba al otro estará abajo, quien hoy reina mañana cae, quien hoy triangula con una clínica, mañana tendrá una Sandra; quien ayer estuvo en el reclusorio hoy es gobernador.

La liberación de la exsecretaria de Salud carece de cualquier explicación lógica (como tampoco tiene la llegada de Gallardo a la gubernatura), y aunque pudiera pensarse (porque además, así muchos antipejistas lo afirmarán) que tras de esto está la protección del partido oficial, más bien pareciera que se devuelven 22 sobre la mesa, pero bajo de ella se entregarán muchos más.

Resulta curioso que en las cuentas de los Servicios de Salud exista un faltante de más de 1,500 millones, de los cuales quizá la mitad puede aparecer si se ordenan las cuentas, por lo que serían 700 los extraviados, y sólo se le obligue a devolver una cifra poco mayor al tres por ciento. Tampoco olvidemos que se estaba en el entendido (o quizá nada más los ingenuos como nosotros) que la detención por los 22 millones, era mientras avanzaban y se sustentaban el resto de las otras muchas averiguaciones.

Surgen también algunas preguntas, por ejemplo: ¿de dónde salen en realidad los millones restituidos al erario si la doctora se empeñó, al menos hasta ayer, en pregonar su inocencia?, ¿qué ocurrirá con los demás faltantes investigados por la Auditoría Superior?, ¿se entrega aquella cantidad y se da carpetazo a todo lo investigado en los Servicios de Salud?

Se habla desde el inicio de la administración de otras dependencias (Seduvop, JEC, CEA, y hasta la SEGE, por ejemplo) en las que existen también enormes boquetes financieros de la administración anterior, pero todo parece indicar, luego de lo de Mónica, que la cosa no irá más allá.

Decepción para aquellos que suponíamos dramas jurídicos, recursos interpuestos, huelgas de hambre para exigir liberaciones, lagrimitas y hasta a un JM defendiendo a través de una acé a la doctora y demás perseguidos políticos del sexenio anterior, con todo e iniciativa al Congreso en puerta. Decepción también para aquellos que esperaban sanciones sin precedentes que se pudieran establecer como un parteaguas en la administración pública potosina. Nada es más que la retórica barata de un mediocre cantante de ópera que se presentó como tenor sin serlo y que necesita entretener a su público auditivamente, para que no se percate del engaño.

Viene al caso aquella anécdota que circulaba durante el sexenio de Miguel de la Madrid, cuyo grito, más que por lema por imperiosa necesidad de contraste con el sexenio anterior, fue el de “renovación moral”. Al ser detenido en flagrancia, cometiendo una infracción al reglamento de tránsito o cualquier delito (mayor o menor, qué más daba) el solícito representante del Estado y de la ley amablemente preguntaba cuál era el trámite al que se acogería el inculpado: ¿renovación moral o simplificación administrativa?  

El procedimiento es breve, deposite en la caja que se encuentra bajo el escritorio aquello que no se puede entregar sobre éste. Se abrevian los métodos de corrupción; la herencia maldita no se adjudica por notario, la entrega se hace por simplificación administrativa.           

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