Por: Eduardo Delgado
La magistrada Yolanda Pedroza Reyes aseguró que no da por cerrado su caso luego de que el Senado de la República le reportó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no poder sancionar a sus compañeros magistrados Rigoberto Garza de Lira y Oskar Kalixto Sánchez, a pesar de haber sido víctima de violencia política, acoso y discriminación de parte de ambos, en el Tribunal Electoral de San Luis Potosí (TESLP).
Recordó que el mes pasado la Sala Superior del TEPJF le requirió al Senado un informe del cumplimiento de la sentencia aprobada el 30 de marzo de este año y asentada en el expediente JDC-4370/2015, derivado del Incidente de Inejecución de Sentencia promovida por ella.
En la respuesta, dijo, “nada más están diciendo que no les compete a ellos y que el competente es el Contralor Interno. ¿Pero cómo creen que éste, a quien nosotros tenemos facultades para nombrarlo y removerlo, va a sancionar a los magistrados?”, cuestionó.
En ese tenor, aseveró, este asunto no ha culminado, porque podría rebatirlo en el máximo tribunal electoral del país, además de que sigue su curso en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos e incluso puede acudir a otras instancias.
“Necesito paciencia y también no dar mi brazo a torcer. Voy a agotar todas las instancias que tengo todavía al alcance, y agotadas todas, puedo ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, anticipó Pedroza Reyes.
Dijo estar consciente de que le queda por recorrer un camino largo, pero esto “todavía no está terminado”, remarcó la magistrada, quien insistió en que la respuesta del Senado “no es definitiva”.
Asimismo, anticipó, esta próxima la renovación del TEPJF y sus nuevos integrantes asumirán el cargo en noviembre, remplazo que dilataría la resolución.
Porque ella, explicó, podría objetar ante la Sala Superior la postura del Senado, para que los siguientes magistrados retomen su caso, luego de que ese órgano colegiado acreditó que ella fue víctima de acoso laboral y de violencia política de género.
