Estela Ambriz Delgado
El procurador agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, estuvo en San Luis Potosí en cumplimiento a una gestión realizada hace algunas semanas por integrantes de Guardianes de la Sierra de San Miguelito y diversos núcleos de población del estado, a fin de asesorarles en el tema de la liberación del derecho de vía para la construcción del proyecto carretero de cuota Entronque 75-D Matehuala, para lo que también se reunió con el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.
El colectivo informó sobre la reunión llevada a cabo este martes 5 de agosto en las oficinas de la representación local de la PA, con la presencia de su titular, Álvaro Pineda Maldonado, y su equipo jurídico, que de manera amplia los integrantes de los comisariados ejidales de El Peyote y Peotillos expusieron las razones por las que piden 200 pesos por metro cuadrado, más el equivalente a otros 200 en obra social complementaria, para que el pago total sea de 400 por metro cuadrado.
Ambos núcleos agrarios son los únicos que no han aceptado la negociación con la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, asociada a Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), de un total de 18 ejidos.
Asimismo, en la reunión se tocó el tema de un parador turístico, y el procurador hizo alusión a una obra que se desarrolló en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca, donde esto fue posible y sirvió para desactivar un conflicto que ya existía desde hace muchos años.
“Fue muy claro el procurador y nos dijo que no había que darse por vencidos, que había que defender los intereses del ejido, y que había que proteger que los intereses quedaran bien salvaguardados por la asamblea y los representantes ejidales, y que la Procuraduría Agraria estaba de lado de los núcleos de población para apoyarles en todo”.
En este sentido, Suárez Carrera subrayó a los representantes ejidales que habría que hacer un análisis exhaustivo de las convocatorias y revisarlas cuando se diera el tema de los acuerdos, porque no se trataba solo de aceptar cantidades económicas, sino estudiar párrafo por párrafo a lo que se convoca y lo que se acuerda.
Además de que es necesario tener hacer una clara diferenciación entre lo que son las obras de carácter social, con lo que pueden ser obras de carácter ambiental o desarrollos complementarios, pues todo era posible, pero en paquete diverso.
Al término de la reunión el procurador se trasladó junto con los comisariados ejidales y Pineda Maldonado a Palacio de Gobierno, donde sostuvieron una reunión con el secretario general de Gobierno, quien les expuso las características del proyecto y reiteró que el ejecutivo estatal seguiría como puente mediador con la empresa.
Los ejidatarios de El Peyote y Peotillos dijeron que Torres Sánchez les aseguró que el Gobierno del Estado tenía disposición de coadyuvar para que se logre un acuerdo que incluya obra social, lo que pidieron pudiera quedar formalmente establecido por escrito.
De igual manera, la administración estatal se comprometió a realizar reuniones entre los ejidos y la empresa en las que intervendrá la PA en la revisión de los acuerdos que se lleguen a tomar, de lo que necesariamente se elaborarán minutas que establezcan firmemente los compromisos.
Al respecto, Guardianes de la Sierra reiteró que el compromiso es que la PA sea testigo y garante al observar que las cosas se hagan de manera correcta, apoye en la revisión exhaustiva de las convocatorias y con un acompañamiento a favor de la causa de los núcleos de población.
Finalmente, consideraron que esta forma de manejar este tipo de negociaciones sienta un precedente nacional, pues no se había logrado una activación de las dependencias federales en materia agraria para atender las demandas de los ejidatarios como actualmente está sucediendo, por lo que sólo queda ver si realmente existe la voluntad de gobierno y la empresa para que el asunto se pueda resolver en las próximas semanas.
“Nosotros pensamos es posible una solución, una salida al problema de manera negociada, pero para esto es fundamental que la PA nacional se involucre, de otra manera sabemos que es muy fácil para algunas de las partes, sobre todo las del poder económico, envolver y convencer y desactivar la inconformidad de la gente, pero creemos que con esta intervención, el Gobierno del Estado y la empresa van a tener que entenderlo también que esto tiene que cambiar, que tiene que haber un patrón diferente al manejo de este tipo de asuntos, y es un precedente nacional el que se logre una activación de la Procuraduría Agraria de esta forma”.
