Estela Ambriz Delgado
La Procuraduría Agraria ha comenzado a ejecutar un nuevo programa estratégico, que propone una mayor cercanía con los ejidos y comunidades a través del trabajo en el territorio; colocar en el centro a la reorganización interna y la reconstrucción del asambleísmo; capacitar a todos los núcleos agrarios; actualización de sus abogados; simplificación y digitalización de trámites y servicios, así como terminar con las mafias agrarias dentro de la misma dependencia.
El pasado miércoles 28 de mayo, el procurador agrario Víctor Suárez Carrera dio a conocer diversas acciones que forman parte del programa estratégico en la conferencia de prensa “La nueva Procuraduría Agraria del segundo piso de la Cuarta Transformación” que, si bien se inició con su implementación desde que fue designado para el cargo, se formalizó el pasado 2 de abril, con la publicación del nuevo reglamento interior en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En primer lugar, el funcionario hizo mención de que por mandato de la Constitución y de la Ley Agraria, la Procuraduría debe tutelar los derechos de los ejidos y comunidades, ofrecer servicios de defensoría jurídica, también apoyar los procesos de certidumbre y seguridad en la tenencia de la tierra y ser parte de la solución de conflictos agrarios.
Sin embargo, en los últimos 32 años el sector agrario experimentó los resultados de una política neoliberal o neoporfirista que se instauró desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que tuvo su momento de mayor afectación con la contra reforma el artículo 27 constitucional que se impuso en el país en 1992.
El surgimiento de las mafias agrarias
Suárez Carrera hizo un recuento de diversos hechos que derivaron en el abandono del sector agrario, la generación de procesos ilegales de acaparamiento de tierra y la instauración de mafias agrarias en diversas regiones.
Indicó que el mandato neoliberal buscaba revertir las conquistas históricas de las comunidades indígenas y de los campesinos para recuperar sus tierras y volverlas mercancía para ser objeto de compra venta en el mercado; nuevamente acumular y concentrar el territorio, el agua y los bosques en pocas manos.
Este proceso planteó también la idea de que los campesinos y la población indígena ya no formaban parte del proyecto nacional y, por lo tanto, tenían que desalojar el territorio rural para migrar a las ciudades o a Estados Unidos, en un contexto de apertura del país hacia los mercados globales y la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, lo que derivó en el abandono sistémico al campo mexicano.
Recordó también que a la par se dio una disminución de los presupuestos al campo y concentración de subsidios en pocas manos, lo que dejó como resultado una profundización de la desigualdad, pobreza, dependencia alimentaria, alejamiento del estado con los núcleos agrarios y una ausencia “que propicia que ese vacío lo ocupe el crimen organizado en los territorios rurales del país”.
Además, informó que en ese contexto se generaron procesos de privatización de ejidos y comunidades en alrededor 4 millones de hectáreas de las mejores tierras en las zonas de playas, en las zonas conurbadas, en las zonas agrícolas de temporal o de riego, en las zonas de gran riqueza forestal o hídrica.
“Este proceso de abandono del sector agrario también propició que se generaran procesos ilegales de acaparamiento de tierras, acaparamiento de solares urbanos y las instituciones del sector, incluyendo esta procuraduría, el Registro Agrario Nacional, se transformaron en un instrumento de la privatización, del despojo, de la depredación de los ejidos y comunidades, y se generó un proceso de burocratización, de tramitología y de corrupción. Se instauraron en el sector mafias agrarias en diversas regiones, con funcionarios, ex funcionarios, con despachos privados, con notarios y en ocasiones con magistrados de los tribunales agrarios”.
Recuperar la cercanía con los núcleos
El Procurador Agrario explicó que para poder terminar con esas prácticas, la administración a su cargo, por mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como misión establecer una nueva política cuyo objetivo central es el rescate, la defensa y la revalorización de los ejidos y comunidades agrarias del país, para transformarlos en unidades de desarrollo socioeconómico ambiental, con base en un ordenamiento territorial participativo y en su propia organización autogestiva, democrática y eficiente.
Lo que se pretende lograr a través de diversas acciones, siendo la principal que el centro del trabajo de la PA regresará a ser el territorio, al seno de los ejidos y comunales, puesto que en el periodo neoliberal se replegó a las oficinas, se burocratizó y se alejó de los núcleos agrarios.
“Ahora nosotros ponemos en el centro a la reorganización interna de cada ejido y a la reconstrucción del asambleísmo, de la comunalidad interna, bajo el principio de nuestro movimiento de que solo el pueblo puede salvar el pueblo. Sólo los ejidos y comunidades organizados pueden salvarse a sí mismos y salvar la propiedad social de la tierra”.
Para lograr materializarlo, la dependencia brindará acompañamiento jurídico, organizativo y técnico, a través de la nueva Coordinación General de Organización y Desarrollo Agrario, a cargo de la ingeniera María de la Luz Rodríguez, y la transformación de visitadores en organizadores agrarios, cuya misión será vincularse de manera permanente y respetuosa, acompañando las decisiones propias que puedan tomar los ejidos y comunidades.
Además de que se establecerán mil centros de atención agraria a lo largo y ancho del país, pues hasta ahora sólo se contaba con 116 residencias en ciertas regiones del país y 32 oficinas estatales. Cada uno tendrá a cargo una micro región para atender alrededor de 25 a 30 ejidos y comunidades de manera más cercana y recurrente.
Con el establecimiento de estos centros se pretende terminar con el distanciamiento, que da margen a la entrada de intermediarios, coyotes, despachos, así como a la corrupción y el control político sobre gobiernos y comunidades.
Para el mismo objetivo se tendrá una reunión mensual con los órganos de representación y vigilancia de las microrregiones con las autoridades de alrededor de 30 mil ejidos y comunidades del país, así como mayor capacitación a todos los núcleos agrarios, e información de instrumentos y programas del gobierno federal para impulsar el autodesarrollo económico y ambiental, para lo cual ya se firmaron convenios con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Abatir el rezago en la justicia agraria
Por otra parte, Víctor Suárez informó que también se buscará implementar un nuevo sistema jurídico agrario a través de la actualización de las y los 250 abogados con los que cuentan, los cuales estarán en cada una de las sedes y requieren actualizase en ámbitos que se vinculan con el derecho agrario como el ambiental, derechos humanos, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de igualdad de género.
“Es necesario que se actualicen y también tengan una mejor capacidad de defender a los ejidos y comunidades ante, por ejemplo, empresas mineras, forestales, inmobiliarias, ante los daños ambientales que puedan impactar (…). También vamos a desarrollar, en coordinación con el Tribunal Superior Agrario, un proceso de capacitación y certificación para todos nuestros abogados agrarios”.
De igual manera, la PA impulsa la creación de un centro nacional de mediación y conciliación agraria a fin de evitar que todos los problemas de los núcleos agrarios se judicialicen y vayan a tribunales, pues estos no tienen capacidad de atención a esos problemas y por lo tanto se genera un enorme rezago a la justicia agraria.
Al respecto, el funcionario expuso que desde 1992 se habla de acabar con el rezago agrario; 30 años después no se ha logrado y sigue en aumento, por lo que bajo el mismo sistema nunca será posible que la justicia llegue pronta, expedita y gratuita a todos los grupos agrarios.
En este sentido señaló que es necesario cambiar el esquema y darle fuerza a ejidos y comunidades para que dentro de estos se establezca un primer nivel de conciliación y mediación agraria, un segundo nivel estatal y un tercer nivel nacional.
“Para esto necesitamos una reforma legal que diga que no podrá establecerse una demanda ante un tribunal agrario si antes no se agota un proceso conciliatorio, para avanzar en el empoderamiento de las capacidades propias de quien es comunidad, pero también para quitarle presión a los tribunales agrarios”.
Finalmente, mencionó que, en coordinación con la Agencia Nacional de Transformación Digital, la PA ya realizó un proceso de simplificación de trámites y servicios que les permitió reducir de 32 a 13 trámites. El siguiente paso será la digitalización, pues el objetivo es que los trámites y servicios que presta la dependencia en coordinación con el RAN se puedan descargar o llevar a cabo a través de computadoras o teléfonos inteligentes.
Además, reiteró que otro de los objetivos con la implementación del programa estratégico es acabar con la corrupción “que se ha enquistado en la institución y en mafias agrarias, un sistema de corrupción con las mafias inmobiliarias, las mafias en el sector turístico, en el sector forestal, sector minero, con las mafias que controlan y monopolizan el agua, acaparan los terrenos (…) los megaproyectos, etcétera”.
