Por Victoriano Martínez
Todo era cuestión de tiempo. Si se provoca a las autoridades federales con el inicio de una obra sin la autorización correspondiente, especialmente cuando el trámite de ésta es suspendido por inconsistencias en la solicitud, las consecuencias suelen llegar, y en el caso del proyecto Autopista Entronque 75D-Matehuala comenzaron este martes.
Entre las presiones contra los ejidos La Tapona, El Peyote y Peotillos para comprarles sus tierras a precios ínfimos como lo hicieron con otros 17 ejidos en el trazo de los 118 kilómetros por parte del gobierno estatal y la empresa concesionaria Infraestructura Potosina de Carreteras, ésta presentó a la SEMARNAT su solicitud de autorización para la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) el 11 de junio del año pasado.
Parecían despejarse los obstáculos para que se iniciara la construcción del último tramo de la autopista a Matehuala, con concesión estatal, cuando el 28 de agosto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales declaró el trámite “suspendido por información adicional”.
Lejos de atender el requerimiento, aunque se declaró públicamente que lo harían sin ningún problema, doce días después, el 9 de septiembre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó un acto junto con representantes de la empresa en el que se declaró el arranque de los trabajos de construcción de la autopista.
Fue el primer momento en que se desafió la autoridad de la SEMARNAT, dado que la obra no podía iniciar sin la MIA autorizada. Pudo ser un acto protocolario sin efectos concretos en el arranque de la obra. La asistencia de Elí Cervantes Rojas, director del Centro SICT San Luis Potosí, le dio un toque sospechoso de cierto aval federal al acto.
Luego vinieron esporádicos desplantes por parte de Gallardo Cardona en los que presumía avances de la construcción de la autopista hasta iniciar este año con publicaciones con imágenes y videos en las que reporta que “la nueva autopista San Luis–Matehuala avanza con paso firme”.
Un paso firme que este martes 27 de enero enfrentó un fuerte tropezón: inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) acudieron al ejido El Peyote y, junto con las autoridades ejidales, realizaron una diligencia de inspección para verificar daños ambientales que le fueron reportados de manera anónima.
Una diligencia que pudo haber sido motivada por las denuncias anónimas o como reacción a la propaganda gubernamental sobre los avances de la obra.
La diligencia duró más de cuatro horas por el recorrido que realizaron por las áreas afectadas para confirmar los daños, entre los que se encontró evidencia de remoción de plantas y cambio de uso de suelo que se consideran faltas graves ante la inexistencia de autorización de la MIA.
El plazo para atender los requerimientos por los que se suspendió el trámite de la MIA venció hace meses, pero lo más grave es que –de acuerdo con versiones de funcionarios de la SEMARNAT– difícilmente se autorizará porque presenta más de 50 inconsistencias, al grado que recomendaron a la empresa y al gobierno estatal retirarla y presentarla de nuevo.
Lejos de atender la recomendación, las publicaciones sobre los avances de la obra y las denuncias anónimas en la PROFEPA sobre daños ambientales en el trazo dan cuenta de que se optó por desafiar a la autoridad federal.
Este martes la inspección se realizó en el Ejido El Peyote. En los días siguientes se espera que haya otras inspecciones en otros ejidos del trazo de la autopista.
La ilegalidad de las obras resulta evidente ante la falta de autorización de la MIA. Las publicaciones de Gallardo Cardona sobre los avances son una expresión sobre la ostentación del mandatario de que puede pasar por encima de la legalidad.
No se trata de un problema menor y tras las verificaciones realizadas ayer por la PROFEPA, la construcción de la autopista queda muy comprometida.
Si acaso la empresa pretendiera negar que realiza las obras, colocaría a Gallardo Cardona como mentiroso con su propaganda. Reconocer que se realizan –como lo verificó este martes la PROFEPA– sin la autorización la condena a ser suspendida con serias dificultades para continuar ante la inviabilidad de la MIA por las omisiones en que han incurrido desde el 28 de agosto pasado.
Estas son parte de las imágenes que recibió la PROFEPA de manera anónima:
