Fernanda Durán
El profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), César Gabriel N., quien recientemente fue vinculado a proceso por un juez, también enfrenta una investigación interna en la Universidad por posibles violaciones al Código de Ética institucional.
La encargada de despacho de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Olivia Salazar, explicó que aunque los hechos denunciados que motivaron la causa penal ocurrieron en 2025 y fuera del ámbito universitario —lo que limita la intervención directa de la institución—, la investigación interna se centra en hechos que la denunciante refiere haber vivido cuando aún era estudiante.
“Se trata de una persona que egresó en el año 2022 y que refiere hechos que sucedieron a finales de 2025. En ese sentido, la potestad o la atribución de la Universidad es muy limitada a intervenir en esta situación”.
No obstante, precisó que la Defensoría ha mantenido contacto con la egresada para recabar información sobre posibles conductas previas al egreso.
“Nos hemos mantenido en comunicación con ella, le hemos estado requiriendo información (…) creemos que tenemos algunos materiales que nos dan cuenta, lo voy a decir también muy enfáticamente, de posibles faltas al Código de Ética de la Universidad” por parte del profesor.
Respecto al estatus laboral del docente dentro de la institución, la funcionaria indicó que actualmente se mantiene una medida cautelar que lo separa de actividades frente a grupo, aunque conserva sus derechos laborales mientras no exista una determinación definitiva.
“El profesor presume su inocencia, conserva sus derechos laborales y eso es parte de un debido proceso que tenemos que cuidar si tenemos la expectativa de poder imponer alguna sanción o medida laboral más adelante”.
Detalló que el docente continúa contratado por la Universidad, pero no se presenta en la Facultad de Ciencias.
“No obstante, sigue realizando sus labores como investigador, es decir, todo su trabajo académico lo sigue realizando porque para eso se le está devengando un salario, pero no está frente al grupo”.
El caso tomó relevancia pública a inicios de febrero, cuando la denuncia hecha por una egresada de la Facultad de Ciencias comenzó a difundirse en redes sociales y derivó en movilizaciones estudiantiles, protestas y un paro en esa entidad académica.
Esta semana, la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, informó que un juez vinculó a proceso al profesor señalado por los delitos de violencia familiar y lesiones, al considerar que existen indicios suficientes para que el caso continúe en la etapa judicial, sin que ello implique aún una determinación de culpabilidad.
Sigue en revisión caso de alumna con discapacidad denunciado en noviembre
La funcionaria también informó que continúa el seguimiento al caso de presunta discriminación y agresión contra una estudiante con discapacidad motriz ocurrido en noviembre del año pasado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
El hecho fue denunciado públicamente por la alumna, quien señaló haber sido retenida físicamente por una académica durante un evento, situación que generó protestas estudiantiles y la apertura de una carpeta de investigación por posibles actos de violencia y discriminación en razón de discapacidad.
De acuerdo con la encargada de despacho de la Defensoría, actualmente se revisa también la atención psicológica brindada a la estudiante y se mantiene coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), debido a que la docente señalada no pertenece al personal universitario, sino que está adscrita a esa dependencia.
En caso de que la Defensoría concluya su investigación, la determinación sobre eventuales medidas disciplinarias correspondería a dicha secretaría, la cual tendría que desahogar su propio procedimiento antes de emitir una resolución definitiva.
Conflicto laboral en la FCI derivó en cambio administrativo y acuerdos internos
Sobre el conflicto laboral registrado a inicios de año en la Facultad de Ciencias de la Información de la UASLP, donde personal administrativo realizó paros de “brazos caídos” por inconformidades con decisiones administrativas que consideraban irregulares y presunto hostigamiento laboral, la encargada de despacho de la Defensoría de Derechos Universitarios informó que el caso ya fue concluido.
Entre las medidas adoptadas se incluyó el cambio de la persona responsable de la administración de personal y la definición de lineamientos de transparencia sobre el uso de cámaras de vigilancia, luego de que parte del conflicto se relacionara con inconformidades por su utilización para supervisión laboral. Según la Defensoría, el expediente quedó cerrado desde los primeros días de febrero.
