Por Victoriano Martínez
Después de que hace cinco semanas corrió la versión extraoficial de que se aprobarían los programas de desarrollo urbano con la determinación de declarar 5 mil 700 hectáreas en la Sierra de San Miguelito (SSM) como urbanizables y de que la presunta sesión de Cabildo con ese fin se suspendió, hoy los impedimentos para esa mutilación ecológica se acumulan.
La frustrada presentación del polígono del Área Natural Protegida (ANP) en la SSM que los urbanizadores, el gobernador Juan Manuel Carreras López, el alcalde Xavier Nava Palacios y gran parte de los integrantes del Cabildo esperaban el pasado 6 de octubre, se convirtió en un banderazo que hoy pasea por 37 comunidades la expectativa de protección para sus tierras.
Desde ese mismo día, César Sánchez Ibarra, director general de Conservación para el Desarrollo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) emitió la “invitación a participar en la construcción del ANP” a las autoridades ejidales y comunales asentadas en la SSM.
Como resultado de esas reuniones, los funcionarios de la CONANP han tenido no sólo buena aceptación por parte de los habitantes para la protección de la Sierra, sino que han asumido un mayor compromiso. El pasado fin de semana, por ejemplo, estuvieron en Guadalupe Victoria y en Suspiro Picacho, donde fueron testigos del interés de sus pobladores por cuidar su entorno.
Un recorrido en el que se invita a la población a estar pendientes del aviso que se publicará en el Diario Oficial de la Federación para poner a disposición pública el estudio previo justificativo de la UNAM para someter a consulta pública la declaratoria de ANP “que fortalecerá el Decreto de creación del ANP que emitirá el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.
Si bien el sólo compromiso de CONANP y el ánimo participativo de las comunidades no constituyen impedimento para que el Cabildo apruebe sus programas de desarrollo urbano y declare urbanizable parte de la SSM, representan la generación de un clima de opinión entre la población a favor de la Sierra ante el que los regidores se verían como enemigos de la protección ambiental.
Adicional a la mera percepción sobre la actitud de los integrantes del Cabildo, el juicio de amparo 725/2019 generó el pasado lunes 19 de octubre una notificación a las autoridades municipales que ha provocado reuniones y consultas jurídicas porque se trata de una suspensión de plano directamente relacionada con la imposibilidad de cambiar el uso de suelo en la SSM.
Aunque ese juicio se refiere específicamente al perímetro de las 2 mil 68 hectáreas del proyecto de desarrollo urbano Las Cañadas, en San Juan de Guadalupe, el alcance pone a las comisiones unidas del Cabildo en la condición de que, si autorizan los programas de desarrollo urbano que declaran urbanizable parte de esa superficie, violarían la orden de un juez federal.
En el acuerdo del Juez se señala específicamente a las comisiones de Gobernación, Alumbrado y Obras Públicas, Desarrollo, Equipamiento Urbano y Catastro, encargadas de dictaminar los programas, y se les pide que acrediten el respeto a la suspensión otorgada. Es decir, no pueden sesionar para aprobar los programas porque modifican el uso de suelo de parte de ese predio.
Aunque no ha habido postura oficial por parte del Ayuntamiento, se sabe de reuniones específicas para analizar la situación, que podrían ser intentos por encontrar algún recurso legal para poder seguir adelante con los programas de desarrollo urbano. Reuniones para tratar un asunto tan público, pero sobre las que no se informa a la población.
El juicio de amparo 725/2019 representa uno de los impedimentos para que avancen los programas de desarrollo urbano, pero no va a ser el único. Se trata de la primera explosión en el campo minado en que se convirtieron las respuestas del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) a los participantes en la consulta.
El pasado 26 de septiembre se planteó aquí que las respuestas del IMPLAN confirmaron que para la autoridad municipal la SSM sí se toca y hace pensar en que una cantidad muy importante de esos documentos constituye un verdadero campo minado en el que pueden explotar decenas, o quizá cientos, de impugnaciones legales que pondrían en duda la viabilidad legal de los programas.
En el caso del amparo 725/2019, los documentos que estallaron son respuestas otorgadas por el IMPLAN a los abogados y representantes de los fraccionadores.
Lo que ahora viene es que del Ejido La Pila son varias las solicitudes de amparos que los ejidatarios han presentado y que podrían derivar otras suspensiones en el proceso de los programas de desarrollo urbano.
El IMPLAN publicó 2 mil 436 respuestas a planteamientos presentados durante las consultas. ¿Cuántos son potenciales minas legales que le podrían estallar en los próximos días a las autoridades municipales por el tendencioso –a favor de las inmobiliarias– y opaco –documentos no publicados–resultado que pretenden aprobar?
La autoridad municipal podría ver en esos recursos legales un complot contra sus programas de desarrollo urbano, y los depredadores inmobiliarios un sabotaje a sus jugosos negocios, pero ni uno ni otro serían posibles –y hasta necesarios– si en su labor las autoridades privilegiaran los derechos de comunidades y ejidos y, sobre todo, la convivencia ambiental de la ciudad con su entorno.
