Leticia Vaca
El diputado Rubén Guajardo Barrera presentó una iniciativa con la que propone que los entes públicos del Gobierno del Estado y las alcaldías responsables de violaciones de derechos humanos, sean quienes cubran la reparación del daño, la cual actualmente corresponde a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), aunque esta instancia sería la encargada de fijar la compensación en “el plan de reparación integral que corresponda”.
Con la propuesta se busca adicionar un último párrafo al artículo 64 a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de establecer que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos tendrán la obligación de llevar a cabo la medida de compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto, cuando sean responsables de violaciones a los derechos humanos, por lo que cada entidad de Gobierno del Estado y las alcaldías, deberán contar con un presupuesto para cubrir la reparación del daño.
En ese sentido, Guajardo Barrera puntualizó que el fondo estatal al que alude la ley actualmente se estima que no tiene un efecto plenamente reparador “porque no se encuentra concatenado con el acto que genera la necesidad de reparación, por lo que se considera necesario vincular el fondo como prestación cuya carga sea asumida por las entidades públicas que provocaron los daños y no por el presupuesto público”.
Además, señaló que el que sea la CEEAV el organismo encargado de garantizar la reparación del daño de las víctimas no necesariamente genera conciencia “en las autoridades que pudieron cometer la falta, ya fuera por acción u omisión, por lo que sería deseable que las indemnizaciones a las víctimas a las que les hubieran provocado daños, corrieran a costa del presupuesto de la dependencia a la que pertenece el servidor público”.
En este sentido, el Congreso local establecería partidas presupuestales anuales que hagan efectiva esta garantía, a través de un fondo administrado por los entes públicos responsables.
