Astrolabio

Angélica Campillo

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno presentó un Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a los 58 municipios del estado a que apliquen el Protocolo para la Implementación de Puntos de Alcoholimetría de la Comisión Nacional para la Prevención de Accidentes.

Esto con el objetivo de que en sus operativos antialcohol estén presentes observadores de las respectivas Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos y, además, se considere realizar una convocatoria pública para que la sociedad civil pueda participar como observadores independientes y voluntarios.

De acuerdo con el legislador de Morena, en los últimos días se ha comenzado a dar una discusión pública ante la probable instalación los retenes antialcohol en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Esto después de las declaraciones realizadas por el titular de Seguridad Pública Municipal de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, y por el reciente accidente donde perdieron la vida dos jóvenes en los niveles altos del Distribuidor Benito Juárez.

A consideración del diputado, la implementación de operativos y retenes antialcohol cobra mayor relevancia en las épocas decembrinas y vacacionales, principalmente por que se dan más momentos de convivencia social a través de posadas y otras formas de esparcimiento social.

Según lo manifestado por Badillo Moreno, desde la sociedad civil, por un lado, se ha criticado y cuestionado si el fin de estos operativos es prevenir accidentes o generar recursos para las instituciones recaudadoras y, por otro, hay gente que señala que son pertinentes, puesto que el fin es salvar vidas.

No obstante, la discusión pública deja entrever que persiste la duda y la desconfianza hacia las autoridades de tránsito.

El diputado destacó que San Luis Potosí se ocupa el lugar número 12 en alcoholismo, por encima de la media nacional, e incluso uno de cada cuatro decesos de jóvenes de 15 a 24 años se debe a accidentes ocasionados por conductores en estado de ebriedad.

En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 76.1 por ciento de la población de 18 años o más considera que la Policía de Tránsito es corrupta, siendo las policías viales las de menor confianza en todo el país. El legislador reconoció que no es de asombrarse que la gente repudie los operativos antialcohol, ya que se tiene la idea de que habrá un abuso de autoridad o insinuación para cometer un acto de corrupción.

Por ello, Badillo Moreno consideró necesario que en los operativos antialcohol exista presencia de observadores en materia de derechos humanos de forma permanente, en cuanto a funcionarios de las respectivas coordinaciones municipales.

Para finalizar, sostuvo que el punto de acuerdo es pertinente, ya que el problema de la conducción bajo los influjos del alcohol tiene un gran impacto en la población, sobre todo en las juventudes.

“De esto también podemos concluir que los operativos anti alcohol no son solo viables, sino necesarios. Con esta vigilancia y participación ciudadana podremos elevar la confianza de las y los potosinos en las policías viales y sus operativos y garantizar sus derechos”.

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